El gobierno de Cuba amplió a 381 el número de personas condenadas por delitos como sedición, desacato y desorden público a casi un año de las megaprotestas del #11J.
Unas 76 personas más fueron condenadas ayer por tribunales por dichos cargos como responsables de “atentar contra el orden constitucionales y la estabilidad del Estado”, informó la Fiscalía del régimen de Miguel Díaz-Canel, a unas semanas de que la Asamblea Nacional revolucionaria endureciera las penas en prisión contra quienes considera sus críticos por el simple hecho de denunciar irregularidades de ese gobierno.
Según datos del régimen y el Ministerio Público, entre los nuevos implicados hay 16 menores de entre 16 y 18 años por una larga lista de delitos como sabotaje, robo con fuerza y violencia, entre otros, por presuntos saqueos en tiendas registrados entre el 11 y 12 de julio.
Del total a la fecha, luego de 11 meses de las peores protestas en la isla, la Fiscalía precisó que 297 fueron acreedores a privación de la libertad y la mayoría enfrenta penas de entre cinco y hasta 25 años en prisión, sin datos oficiales.
En tanto, unos 84 acusados fueron conmutados y cambiaron las restricciones por trabajo correccional o libertad limitada sin ingresar a prisión, presuntamente por “buena conducta”, aunque no especifica cuáles fueron los delitos o condiciones consideradas para no permanecer encarcelados como las decenas que llevan meses bajo arresto, lo que genera sospechas sobre información obtenida por la fuerza, pero tampoco se saben los nombres de éstos. Aunque organizaciones civiles han denunciado que algunos de los jóvenes liberados son detenidos al presentarse nuevamente ante las autoridades, según lo marca la orden judicial.
Tras los hechos, organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron que en la región persiste la represión, justo a unos días de que el país fue excluido de la Cumbre de las Américas por ese tema.
Y Prisoners Defenders alertó que los números de la Fiscalía no coinciden con los recabados por ellos.
A través de redes sociales, denunció que el reporte de sólo 76 sentencias recientes busca aminorar el impacto a nivel internacional, pues pretende “tergiversar” la información para decir que son menos de 500 los castigados por su disidencia y desdeñar las apelaciones en al materia. Incluso calificó de “teatro” los juicios a puerta cerrada.
Según información del grupo con sede en España, los casos contabilizados por las autoridades están por debajo de los que en realidad hay a causa de esta ola represiva, pues después de julio hubo más arrestos y hasta el pasado 31 de mayo ya reportaban mil 046 disidentes con condenas judiciales tras las rejas, casi el triple de los que da cuenta la nación, en medio de reclamos internacionales por la persecución en la región, pues el régimen insiste que Estados Unidos orquestó estas manifestaciones.
Incluso, el líder de la organización, Javier Larrondo, reveló al portal independiente 14ymedio que el poder judicial dejó “de reportar cientos de procesados e incluso cientos de sentenciados”, quienes llevan meses en prisión.
