El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al expresidente Donald Trump y a sus abogados de obstruir la indagatoria que abrió el Buró Federal de Investigación (FBI) por supuesto espionaje al presuntamente ocultar material confidencial, hecho que pone en la mira a su defensa, que podría convertirse en otro objetivo clave en este caso.
A más de tres semanas del polémico cateo en la propiedad de Mar-a-Lago, el gobierno reiteró que las estrategias de dilación por parte del equipo del republicano demuestran que los documentos confidenciales solicitados “probablemente fueron ocultados y eliminados”.
Según evidencia, ligada a la recuperación de los documentos en cuestión, los representantes legales del republicano tuvieron casi dos meses para mover de la residencia los archivos marcados con sellos de “secreto”, “alto secreto” y “SCI” que hace referencia a información de mayor grado de confidencialidad.
La cronología presentada por las autoridades expone que desde mayo pasado, según cartas entre la defensa y los agentes, comenzó la comunicación para recuperar el material reclamado por los Archivo Nacionales.
No obstante, ante la negativa para devolverlos a la agencia se realizó una redada en la propiedad el pasado 8 de agosto en Florida, donde se hallaron y decomisaron varias cajas con hasta un centenar de documentos con información comprometedora, que insisten los aliados de Trump fue desclasificada por el entonces jefe de Estado.
La nueva información contradice la postura de supuesta cooperación que alega el expresidente, respaldado por sus abogados, pues aunque el magnate rechazó haberse llevado material ultrasecreto del gobierno éste fue incautado por la agencia de seguridad nacional.
Esta nueva evidencia convierte a los abogados de Trump en objetivos de investigación, de acuerdo con medios como New York Times y The Washington Post, pues dichas acciones exceden su labor y representa que pudieron incurrir en algún delito.
Incluso, algunos diarios de Estados Unidos expusieron que los defensores Christina Bobb y Evan Corcoran pudieran ser arrastrados a un caso criminal por su cliente, contra quien existen varios expedientes abiertos por delitos como fraude y su participación en la insurrección en el asalto al Capitolio.
Según datos de la Justicia estadounidense ambos defensores aseguraron en junio pasado, por escrito, que su representado cumplió con la petición del FBI, hecho que ahora se sabe fue falso.
Incluso firmaron un documento en el que aseguraban que ya se había devuelto todo el material buscado, lo que implicaría que mintieron, obstruyeron la justicia y hasta facilitaron un delito al ocultar la información que fue requerida por el Departamento y el gobierno en múltiples ocasiones, si se demuestra que sabían que había más archivos confidenciales en la mansión de Florida.
Es decir, los fiscales del caso son los que determinarán si los abogados hicieron tales afirmaciones, pese a que sabían que no era cierto, o fueron engañados por Trump o alguien más de su equipo; pero podría haber otros obstáculos en la materia, debido a que sería difícil comprobarlo por el privilegio abogado-cliente, mismo que usó como defensa el mandatario para exigir que le devolvieran parte de lo asegurado el pasado 8 de agosto.
Estas posibles acciones, que anticipan citatorios contra ambos juristas, recuerdan a otros representantes legales de quien dejó el gobierno hace año y medio como el exalcalde Rudolph Giuliani, quien recientemente fue citado a declarar por sus reiterados señalamientos de un supuesto fraude electoral aunque no proporcionó evidencia de tales actos.
Previamente, el Departamento de Justicia solicitó a la jueza que analiza la petición de nombrar a un “maestro especial” para revisar los documentos, no dar ninguna concesión al re-
publicano al asegurar que con esa acción no busca garantizar la protección del privilegio abogado-cliente, sino interferir en la indagatoria.
FBPT
