La represión ligada al crimen de Mahsa Amini sigue al alza en Irán y a casi una semana de las protestas e indignación ya suman 17 muertos; sin embargo, el régimen rechazó las críticas dentro y fuera del país tras comenzar las sanciones en su contra y llamó a detener el vandalismo.
Pese a los reclamos para esclarecer el deceso de la joven de 22 años, quien fue detenida y golpeada brutalmente por no portar adecuadamente el hiyab, el presidente iraní, Ebrahim Raisi, rechazó hablar más del tema y tras presentarse ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dijo que en su país prevalece la libertad de expresión, aunque su gestión cortó el acceso a Internet y persisten los ataques de la Guardia Revolucionaria contra la población.
El mandatario minimizó la crisis al señalar que los hechos que medios y gobiernos internacionales califican de represión policiaca no son más que actos vandálicos, pues los manifestantes han arrojado piedras a las autoridades y hasta incendiaron contenedores de basura y vehículo policiales.
Por ello, advirtió a quienes siguen en las calles a una semana del lamentable fallecimiento de Amini que actuará en su contra para detener esta ola violenta, responsabilizando a los disidentes de la situación, mientras circulan las imágenes de los abusos y de policías lanzando gas lacrimógeno y disparos con munición real a los disidentes en más de 10 ciudades de la nación asiática, entre ellas la capital Teherán y Kurdistán, de donde es originaria la víctima.
Pero el mandatario evitó hablar de la censura, pues por segundo día consecutivo bloqueó la web a este sector para evitar que más videos e imágenes compartidos como en hashtag #MahsaAmini sean compartidos en plataformas como WhatsApp e Instagram, mismos que exponen a sus autoridades previo a su asistencia a la Asamblea General de la ONU. Y la guardia iraní demandó imponer penas criminales contra quienes difundan información falsa en redes sociales.
En respuesta, medios locales, respaldados por informes de organizaciones como Amnistía Internacional (AI), documentaron que el saldo de fallecidos rebasó el doble de la jornada previa al pasar siete a 17, de acuerdo con la televisión estatal, en su mayoría jóvenes.
Las víctimas presentan heridas con arma de fuego y hasta punzocortantes, aunque el gobierno ha descalificado que éstos hayan sido causados por sus fuerzas policiacas. Sin embargo, ciudadanos y periodistas han mostrado evidencia de que mandos de seguridad han sido captados en los techos o escalando a éstos presuntamente para apuntar desde ahí contra los manifestantes.
Al respecto, Raisi arremetió contra esos reportes al señalar que las organizaciones y los activistas aparecen hasta ahora sólo para criticar al régimen, cuando en el pasado se han registrado protestas similares, pero no dicen nada, mientras que acusó a la prensa de actuar con tintes políticos en su contra.
El mandatario reiteró que la lamentable muerte de la joven que no portaba el hiyab fue producto de un infarto, contradiciendo las denuncias de la familia de Amini, que sostiene que los oficiales la golpearon hasta la muerte al provocarle un derrame que la tuvo varios días en coma hasta que finalmente dejó de luchar y que para ocultar los hechos les negaron ver el cuerpo de la joven.
Y pese a la resistencia de cambiar de postura, intentó acallar los cuestionamientos al señalar que habrá más investigaciones para esclarecer las causas de la muerte, hecho que exige la familia y manifestantes desde el pasado 17 de septiembre, un día después del deceso.
Pese a sus intentos de aminorar esta crisis, el gobierno de Estados Unidos castigó a la llamada policía moral, señalada por el arresto y asesinato de la joven.
De acuerdo con un comunicado de prensa del Departamento del Tesoro, dicha organización y mandos militares fueron incluidos en una lista negra por la brutalidad persistente y sus activos fueron congelados.
Fuentes del gobierno de Joe Biden detallaron que con estas restricciones se busca “poner fin a la violencia contra las mujeres y continua represión en Irán”, pero no descartan aplicar más sanciones, debido a los reportes de uso de armas de fuego contra la población.