El condado de San Diego, California, acordó este viernes pagar más de 1.3 millones de dólares a la familia del mexicano Marco Antonio Nápoles Rosales, quien murió a manos de alguaciles en agosto de 2018.
La madre del hombre, Dolores Rosales, será quien reciba un millón 350 dólares después de que elementos de la Oficina del Alguacil del condado estadounidense (SDSD, por sus siglas en inglés) aprehendieran con violencia y brutalmente a su hijo, después de que una vendedora le solicitara que se retirara de las instalaciones de una gasolinera en Fallbrook.
De acuerdo con la versión del SDSD, uno de los agentes respondió al llamado de la empleada, quien alertó de un hombre que se negaba a salir de la tienda.
Por otra parte, la familia de Marco Antonio aseguró que este había tenido “un mal día” porque no tenía dinero y caminó varios kilómetros hasta la gasolinera para realizar una llamada, después de que su auto se averiara en la autopista, pues no contaba con un celular. Nápoles nació en Sonora, México, y vivía desde hace 12 años en California, Florida.
En el informe del SDSD se asevera que, a petición de Marco Nápoles, el oficial que acudió al lugar hizo dos llamadas telefónicas a la familia del hombre; después de varios minutos y de exigirle que abandonara el negocio, comenzaron a forcejear.
Detalló que el hombre se negó a entregar su mochila para ser revisada, y cayó al suelo junto con el oficial durante la discusión en la cual seguía resistiéndose a ser arrestado. Ante ello, ocho agentes más llegaron para auxiliar a su compañero en la detención.
Los uniformados utilizaron una pistola paralizante y una camisa de fuerza para someter a Nápoles. Tras el hecho, un video del incidente mostró que el mexicano recibió cerca de seis descargas eléctricas y quedó inconsciente en el lugar.
Bajo este panorama, lo trasladaron en una ambulancia hacia un hospital, sin embargo, mientras era trasladado, perdió la vida al sufrir un paro cardiaco.
Tras el hecho, Dolores Rosales demandó al condado, apoyada por el Consulado de México en San Diego, donde se expuso que su hijo estaba desarmado en el momento del arresto y no tenía antecedentes penales.
Tras la batalla legal, porque las autoridades estadounidenses negaban la responsabilidad de los policías y los exoneraron, se determinó la indemnización de más de 1.3 de dólares para los familiares.
El cónsul general de México, Carlos González Gutiérrez, manifestó este viernes en conferencia de prensa que, desde que se tuvo conocimiento de los hechos, dieron seguimiento a la investigación realizada por las autoridades locales.
MAEP
