El régimen iraní imputó delitos de prisión como perturbación del orden público contra más de 300 manifestantes que siguen detenidos a más de un mes por la muerte de Mahsa Amini.
Con dichas acciones el gobierno de Ebrahim Raisi busca penas de prisión y hasta de muerte contra cientos de jóvenes por exigir el respeto de los derechos a la mujer y condenar el asesinato de una mujer detenida por no llevar correctamente el hiyab o el velo.
Ello representa que una de cada nueve personas detenidas sufrirá consecuencias por alzar la voz contra el régimen, como advertencia ante las marchas, aunque un recuento no oficial contabiliza hasta 12 mil detenidos, de los que la mayoría fue liberado tras horas confinada.
La organización Iran Human Rights detalló que entre los cargos establecidos por la Fiscalía destacan también planes para actuar contra la seguridad nacional, difundir propaganda antirrégimen y uso de armas para aterrorizar al país, al señalar que vándalos han agredido y lesionado a integrantes de las fuerzas del orden.
Dichas afirmaciones contrastan con la evidencia, pues de acuerdo con activistas, medios opositores y testigos que han grabado los ataques las autoridades son las culpables de actos de represión, exceso de la fuerza y hasta uso de armas letales contra ciudadanos que protestan en ciudades del país, hechos en los que fallecieron 108 manifestantes, entre ellos al menos 30 menores, uno de ellos luego de recibir un disparo a menos de un metro de distancia.
Este reporte se reveló el mismo día en que cada vez más menores se suman a las protestas en escuelas y en las calles. Niñas de apenas 10 años de edad fueron captadas ayer al grito de “mujer, vida y libertad”, presuntamente cuando se dirigían a la escuela, video que se volvió viral casi de inmediato en la región.