El amago de una huelga y 80 días de protestas elevaron la presión contra el régimen iraní, pues a casi tres meses de la muerte de Mahsa Amini la Fiscalía disolvió a la llamada policía de la moral y abre la puerta a cambios de normas islámicas, en medio de una severa represión, mientras medios afines y críticos dudan de tal acción.
El fiscal Mohammad Jafar Montazeri aseveró que la llamada patrulla islámica no tiene atribuciones judiciales, de acuerdo con la agencia local ISNA, por lo que no puede continuar operando para sancionar a quienes incumplen normas de vestimenta a más de una década de su creación.
En declaraciones desde la ciudad santa de Qom —centro teológico— precisó que tal sector fue eliminado por sus creadores, mientras la mira mundial sigue sobre esa policía, luego de que sus agentes detuvieron y golpearon hasta la muerte a la joven kurda, quien presuntamente no vestía apropiadamente esa prenda, según acusaciones de la familia de la joven de 22 años.
El también aliado del régimen de Ebrahim Raisi descartó cambios inmediatos a las normas de decencia, un fuerte mensaje para quienes en claro desafío se quitaron el velo desde hace semanas, lo queman en la vía pública o se cortan el cabello para mostrar su hartazgo a leyes que las nuevas generaciones exigen revertir.
Además, aseveró que las acciones judiciales deberían ser el último recurso para hacer que respeten normas culturales y religiosas que las obligan a cubrirse por completo la cabeza y llevar ropa holgada en la calle, pero recalcó la importancia de la ley sharía y el comportamiento adecuado, vigilado por el Ministerio del Interior.
Y, aunque evitó hablar sobre las protestas inéditas y la represión de estos últimos meses, afirmó que el gobierno ya busca soluciones. Incluso, adelantó que el Parlamento iraní y un grupo designado por Raisi analizan modificar el uso obligatorio del hiyab o prendas islámicas, pues reconoció que la desaparición de esta patrulla implica una mayor discusión en la materia.
Dicha medida se basa en por qué se busca una vigilancia del cumplimiento de leyes sólo para las mujeres, quienes se dicen hartas de estar sometidas ante los hombres y el régimen, especialmente las más jóvenes que reconocen que en otros países hay más libertades para su género.
Pese a la severa represión y exceso de fuerza denunciados por organizaciones civiles y hasta varios gobiernos, las autoridades no hicieron alusión a las protestas en las que suman 448 disidentes asesinados, 60 de ellos menores de edad, y se acumulan los manifestantes arrestados con 15 mil, según el recuento de la organización Iran Human Rights.
Hasta el momento, el régimen sólo reconoce la muerte de menos de la mitad de éstos, al sostener que 200 críticos perdieron la vida en acciones delictivas, como vandalismo y desafío a la autoridad, con lo que el gobierno justifica la respuesta violenta y hasta culpa a los rebeldes.
No obstante, horas después medios afines a Raisi y legisladores desmintieron la supuesta desaparición de la patrulla de la decencia al referir que el régimen no ha hecho cambios en la materia.
Ambos sectores externaron dudas en torno a la postura del fiscal, pues no hay respaldo de tal decisión, aunque algunas fuentes indicaron que desde hace días no hay rastro en las calles de esta policía.
Los aliados del gobierno dijeron que sí hay intenciones de atender las demandas de la población, pero se enfocaron en la crisis y la estabilidad regional.
Por separado, ciudadanos mantienen en firme la amenaza de una huelga por hasta tres días en la región asiática al referir que no hay garantías de la eliminación de la patrulla de la decencia, pues para ello se requiere de un aval del Ejecutivo.
Incluso, algunos disidentes acusaron que dicho anuncio no es más que una estrategia para dejar atrás las movilizaciones y apagar el ánimo de reclamos con una falta apertura en la materia.
Insisten que el plan es detener las marchas que comenzaron desde el pasado 16 de septiembre, en vez de generar un verdadero cambio en el que se reconozca que las mujeres también gozan de derechos, los mismos que los hombres, pues el anuncio se da justo a unas semanas de que el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) abriera una investigación por la represión desatada contra quienes exigen castigo por el crimen de Amini.
En tanto, otro sector de la población advirtió que el fiscal, quien hizo el anuncio, no tiene injerencia en la policía de la moral, por lo que no está en sus atribuciones la disolución de la misma, por lo que no descartan que en breve ratifiquen el cumplimiento de las normas religiosas y hasta medidas más severas contras quienes incumplen los principios del régimen.
Incluso, algunos más presionaron a los gobiernos y organizaciones globales a mantener las sanciones contra las autoridades y Fuerzas Armadas de Ebrahim Raisi para obligarlo a poner fin a la contención de las protestas y generar verdaderos cambios en la materia.
