El gobierno de Xiomara Castro decretó Estado de excepción por un mes en Honduras para acotar a las pandillas, estrategia similar a la que implementó desde hace meses El Salvador.
Dicho ajuste responde a un repunte de delitos como homicidios, extorsión y secuestro y se extenderá por hasta 89 barrios de la nación, principalmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula, para revertir “la grave perturbación de la paz y seguridad” ocasionada por las llamadas mafias, entre ellas la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.
“La intención es penetrar estas estructuras criminales para llegar a las cabecillas”, explicó el comisionado de la Policía Nacional, Leandro Osorio, a The Associated Press, tras la implementación del decreto PCM 29-2022, mismo que continuará hasta la primera semana del 2023.
Por separado, líderes de la corporación destacaron que los civiles no deben temer a estas restricciones, pues enfatizaron que la mira está puesta en los integrantes del crimen organizado, así como en recuperar la seguridad para la población en general, pues desde ayer se confirmó un reforzamiento en los operativos de seguridad.
Dichas acciones se concentran cerca de puntos de transporte y comercios, principales sectores afectados por la extorsión, pues según denuncias de empresarios este delito registró un alza significativa en los últimos meses en varias regiones del país. Proceso en el que ya han detenido a presuntos criminales y decomisado armas y hasta drogas.
