Un día después de su arresto, el expresidente de Perú, Pedro Castillo, enfrentó su primera audiencia por el delito de rebelión, luego del intento de golpe de Estado para evitar su destitución.
El Poder Judicial reportó que este proceso, horas después de su traslado al penal Dinoes, es para evaluar las imputaciones de la Fiscalía luego del agravio cometido ayer contra el Poder Legislativo y el orden constitucional.
Al respecto, medios locales indicaron que la Fiscalía ratificó las acusaciones contra el exmilitante de Perú Libre al señalar que vulneró las instituciones del país aún en su calidad de Ejecutivo, hecho que derivó en su arresto poco tiempo después de ser removido del cargo, en medio múltiples alegatos de “incapacidad moral” y corrupción.
Por ello, se solicitó que continué en prisión, en medio de la crisis en el cambio de gobierno.
En tanto, la procuraduría demandó considerar como un agravante un supuesto plan de huida, luego de que se confirmara que Castillo intentó buscar protección para él y su familia en la embajada de México en Lima, a donde presuntamente se dirigía al momento de ser detenido.
Durante la audiencia, la defensa de Castillo Terrones rechazó las imputaciones por presunta rebelión en flagrancia, mientras que el acusado rechazó dar alguna declaración o posicionamiento en torno al delito que pesa en su contra y que la oposición denominó como autogolpe de Estado.
Por otro lado, mientras algunos gobiernos de izquierda en la región, como México, Bolivia, Venezuela y Colombia, reconocieron que aunque la decisión de Castillo fue un error, señalaron que ésta fue derivada por constantes presiones y hostilidades en su contra, pues desde que llegó al gobierno la oposición buscó la manera de sacarlo del poder. Lo anterior en referencia a los tres intentos para declarar la vacancia del mismo.
AM