En medio de la polarización que ha vivido el país desde las elecciones del 2021, Perú encaró ayer una de sus peores crisis políticas en cuestión de horas tras la destitución y detención del presidente Pedro Castillo, quien decidió disolver el Congreso, lo que provocó su remoción por alterar el orden constitucional y ser acusado de rebelión y sedición.
El docente madrugó al Poder Legislativo al ordenar con total nerviosismo el cierre de este órgano para instaurar un Estado de excepción, o así lo pensó; sin embargo, no contó con que el desafío a las instituciones andinas le daría a sus adversarios las herramientas para lograr lo que él pretendía evitar. Y un par de horas después del mensaje de un toque de queda fallido los opositores reanudaron sesiones y en su tercer intento sepultaron la gestión del izquierdista por mayoría de 101 votos contra seis de rechazo y 10 abstenciones.
Inicialmente los congresistas debatirían la moción de vacancia por “incapacidad moral” y corrupción contra el exmilitante de Perú Libre, pero la situación tuvo un vuelco por el quiebre constitucional, que la oposición tachó de golpe de Estado, que a la postre sirvió como base al órgano legislativo para lograr la ansiada remoción del político indígena un año después del primer intento, pues ni sus aliados ni las Fuerzas Armadas respaldaron la estrategia de gobernar por decreto, al sostener que no acatarían la acción “que constituye una infracción”, pues no tenía razón de ser, según un duro posicionamiento del ejército.
Al perder el cargo, el mandatario fue detenido casi de inmediato, pues se reportó que su comitiva fue frenada cuando se dirigía a la embajada de México junto con su familia, según un reporte oficial, citado por el portal Canal N. En el documento se detalló que tras abandonar el Palacio de Gobierno, donde hace meses irrumpió la Policía para buscar a su cuñada, presunta cómplice de una red criminal, pretendía buscar protección de ese aliado, hecho que no ocurrió porque su seguridad recibió la orden de no continuar la marcha por delitos que cometió en flagrancia, para después ser trasladado al mismo penal donde está Alberto Fujimori.
La Fiscalía confirmó que la aprehensión, en presencia de la titular del órgano, Patricia Benavides, fue por rebelión como lo estipula el artículo 346 del Código Penal, al condenar “el quebrantamiento del orden constitucional” del izquierdista, luego de que éste adelantó una sacudida para reestructurar al Poder Judicial, al Ministerio Público, al Tribunal Constitucional y a la Junta Nacional de Justicia; mientras que el procurador Daniel Soria presentó una denuncia penal contra el entonces Ejecutivo por actos de sedición por su intento “de grave perturbación de la tranquilidad contra la administración pública en la modalidad de abuso de autoridad”, al resumir como un agravio los planes de quien chocó con el Congreso al advertir que éste no descansaría hasta “engrilletarlo”, así como a toda su familia.
Ante ese turbio escenario, el Congreso citó a la número dos del gobierno, Dina Boluarte, quien juró como la primera presidenta en Perú, y en su primer mensaje llamó a una “tregua” de todas las fuerzas para frenar la crisis y dar estabilidad al país.
Al recibir la banda presidencial, la abogada de 60 años dijo que es posible conciliar al garantizar un gabinete plural.
Asimismo, indicó que una de sus prioridades será “extirpar” el cáncer de la corrupción, por lo que ordenó a la Fiscalía y a la Procuraduría investigar y sancionar a implicados en ese delito, lo que apunta directamente a la última administración.
En tanto, el Congreso celebró este hecho al señalar que luego del golpe constitucional de Castillo se restableció el orden democrático con el respaldo de todas las instituciones, pues el líder del Congreso, José William Zapata, reconoció que ningún sector apoyó el rompimiento del exmandatario, pues el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional estuvieron a la altura.
Boluarte llega como la primera mujer al cargo, pero es la séptima persona que asume la presidencia en la última década evidenciando el largo historial de crisis por corrupción y vacancias.
Y es que destaca que Castillo, quien derrotó a la derechista Keiko Fujimori, se va del gobierno tras un año siete meses —casi la tercera parte de lo que debía durar—, con lo que se convierte en la tercera gestión más corta en la historia andina reciente, pues sólo superó los cinco días de Manuel Merino y los ocho meses de su antecesor Francisco Sagasti.
Ahora, la mandataria busca conformar un gobierno sólido que dé estabilidad a Perú, proceso en el que prevé convocar a líderes de todas las fuerzas para mantener el diálogo y evitar otra ruptura, pues el anuncio de Castillo provocó una desbandada inmediata con la renuncia de ministrosy embajadores en claro rechazo a su choque con el Poder Legislativo.
Tras este furor, las autoridades convocaron a la población a mantener la calma, pues en medio del caos varios grupos se manifestaron en el país, unos contra el intento de golpe de Estado y después celebraron su separación del cargo, mientras que otros recriminaron la persecución contra éste al denunciar presuntas arbitrariedades contra el gobierno.
Izquierda en AL lamenta crisis política
Gobiernos de izquierda en América Latina lamentaron la destitución de Pedro Castillo, luego de meses de tensión política en Perú; incluso admitieron que el error del mandatario fue orillado por fuertes presiones desde el inicio de su gestión.
El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lamentó la salida del político de la misma tendencia al indicar preocupación por el choque que condujo al rompimiento de Estado. Y en un comunicado sostuvo que la única vía para garantizar la reconstrucción es a través del “diálogo, tolerancia y convivencia democrática”.
Dicha postura fue respaldada por el Ejecutivo mexicano, pues Andrés Manuel López Obrador recriminó que los “intereses de élites económicas y políticas” pusieron fin al gobierno de Castillo Terrones. Aunque reconoció que su homólogo actuó contra el orden constitucional, explicó que esta situación se detonó por un “ambiente de confrontación y hostilidad” que finalmente se consumó en su remoción.
Al respecto, el canciller de México, Marcelo Ebrard, admitió la posibilidad de asilar al peruano, poco antes de que se confirmara la aprehensión por rebelión, lo que recuerda que hace tiempo hicieron lo propio con Evo Morales, exmandatario de Bolivia, quien se sumó a las críticas a la oposición al acusar que su “hermano” fue víctima de una “conspiración permanente”, pues la oligarquía nunca estuvo de su lado, según una serie de comentarios en Twitter.
Por separado, el gobierno de Gustavo Petro (Colombia) se solidarizó y lamentó que su aliado fuera parte de un atentado contra la democracia al condenar acciones contrarias al Estado de derecho y pidió a los involucrados en la situación salvaguardar la democracia en la nación amiga, al respetar la volcuntar popular de las elecciones. Mientras que Argentina y Chile llamaron a garantizar el respeto a las instituciones para evitar que esta crisis escale.
En tanto, embajadores de la Organización de los Estados Americanos (OEA) reconocieron inquietud por esta grave situación, a sólo unos días de que una misión visitara la región.
Los representantes de Bolivia y Venezuela intentaron justificar la decisión errónea del exmandatario; el primero refirió que el peruano enfrentó una “constante conspiración”, lo que atribuyó al origen indígena del líder; mientras que el gobierno chavista señaló que es difícil gobernar en un escenario de choque por tanto tiempo, pero confío en una pronta solución.
En contraste, otras naciones como Estados Unidos, Paraguay y Ecuador condenaron las acciones de ese gobierno, pues incluso la última nación calificó de “torpe” lo hecho por Castillo.