En febrero pasado el mundo vivió uno de los conflictos más grandes desde la Segunda Guerra Mundial cuando las tropas rusas invadieron Ucrania con el objetivo de aplastar a las fuerzas responsables de un supuesto exterminio nazis a manos de militares locales y hasta arrebatarles territorio, como sucedió en 2014.
Sin embargo, pese a la intervención de líderes internacionales para evitar o detener esta guerra, dicha crisis se ha prolongado por 10 meses, escenario contrario a lo que el régimen vislumbró que terminaría en cuestión de días o semanas, lo que ha obligado a ambas partes a ajustar sus estrategias, hecho en el que las fuerzas de Volodimir Zelenski mantienen apoyo de aliados como Estados Unidos y la Unión Europea (UE), evidenciando ante el Kremlin que no es suficiente el poderío del segundo mayor ejército ni el arsenal disponible, por lo que el régimen de Vladimir Putin endureció su respuesta y redobló amagos, incluso nucleares.
Ante la resistencia de civiles y defensores en puntos clave como Kiev y Járkov, donde las tropas invasoras se vieron obligadas a abandonar, no sin antes provocar gran devastación, los ocupantes asumieron que amenazar con matar a civiles, forzar la salida de ucranianos, quitarles el gas a Kiev y naciones aliadas o redoblar los bombardeos ya no bastaba, por ello enfocó el lanzamiento masivo de misiles contra otro objetivo: la infraestructura vital.
Así, en la antesala del invierno, Moscú elevó el nivel de terror con ataques con 90 proyectiles diarios en embates desde octubre pasado con lo que apostó con derribar toda instalación energética y eléctrica, para hundir en el frío y condiciones extremas a quienes ve como “enemigos”, por supuestamente fomentar actos nazistas, de los que no presentó evidencia.
Ese planteamiento, según el Estado Mayor local y operadoras como Energoatom, dejó a 40 por ciento de la población que resiste sin luz ni calefacción, con miras a doblegarlos, pues las condiciones climáticas, con temperaturas bajo cero, las usarían en su favor para avanzar en territorios y objetivos militares, pues hace meses se apoderó de cuatro territorios: Donetsk, Lugansk, Jerson y Zaporiyia.
Los primeros formaban parte de la estrategia inicial en la supuesta defensa del Donbás, en apoyo a líderes prorrusos en la zona, mismos que permitieron el ingreso de ocupantes y la celebración de referéndums que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la comunidad internacional rechazaron.
Y ampliaron su estrategia con dos zonas más, entre ellas donde se ubica la planta nuclear de Zaporiyia, de la que los ocupantes tomaron el control a semanas de estallar la guerra y punto crítico por los embates que hacen temer que Ucrania viva otra catástrofe, como la Chernobyl en la década de los 80.
Con los territorios en su poder buscaron crear un “corredor” hacia Crimea, anexada en 2014; no obstante, sus planes se vieron frustrados por la fortaleza local, que siguen en resistencia y recupera asentamientos en zonas como Jerson, reduciendo el supuesto control ruso.
Además, los ucranianos no renuncian a la respuesta ofensiva al tiempo que aceleran los procesos para evitar los apagones intermitentes que Zelenski ha acusado son otro crimen como evidencia estrategia de terror de Putin al arrastrar a la población a situaciones extremas en viviendas que han resistido severos bombardeos que comenzaron el pasado 24 de febrero en Kiev.
Y es que, pese al cúmulo de evidencia de crímenes de guerra, como cientos de ejecuciones y entierros clandestinos en ciudades abandonadas como Bucha y Borodyanka, violaciones a mujeres y niñas y torturas al convertir estaciones policiales en prisiones para someter al enemigo, el régimen de Putin descarta los intentos de Occidente de pagar por esa destrucción, a sólo unas semanas de que la Unión Europea (UE) adelantara el posible uso de bienes y recursos congelados para solventar los daños, entre éstos la infraestructura eléctrica, hecho que el Kremlin minimizó.
