Pide su libertad

Pedro Castillo acusa "venganza política"; justicia peruana evalúa prisión preventiva

Autoridades peruanas definen este miércoles si se revoca la medida de prisión preventiva en contra del depuesto presidente Pedro Castillo; expresidente afirma que su detención es producto una "venganza política"

Pedro Castillo, expresidente de Perú Foto ilustrativa: AP

El depuesto presidente de Perú, Pedro Castillo, afirmó que su detención es producto una "venganza política" orquestada por sus adversarios y reiteró su inocencia ante los delitos que se le imputan.

“Pido que se reflexione y se vea como esta injusta prisión preventiva que se me ha impuesto solo ha servido para polarizar a nuestro país. Todo lo que se hace en contra mía y todo este proceso no es más que una venganza política”
Pedro Castillo, expresidente de Perú

Veintiún días después de haber intentado disolver al Congreso de Perú y declarar un "gobierno de excepción", Castillo Terrones tomó la palabra durante la audiencia con el tribunal que definirá este miércoles si se revoca la medida de prisión preventiva en su contra.

Desde prisión, el expresidente pidió su inmediata libertad pues, dijo, no ha cometido ningún delito; además, acusó al Congreso de su nación de "conspiración" por los varios intentos de derrocar su gobierno.

Pese a todo, enfatizó que jamás ha llamado a tomar las armas y señaló al actual gobierno, encabezado por Dina Boluarte, como el responsable de la muerte de más de una veintena peruanos en las violentas protestas que sacudieron a la nación andina en semanas pasadas.

“Nunca he cometido un delito de rebelión, no he tomado las armas, ni he llamado a nadie a tomar las armas. Quien se levantó en armas para acabar con la vida de más de 30 peruanos es el actual gobierno, dejando más de 20 desaparecidos y más de 200 heridos”
Pedro Castillo, expresidente de Perú 

Cabe recordar que la audiencia de este miércoles sucede luego de que la defensa legal de Castillo Terrones apeló la decisión del juez Juan Carlos Checkley Soria, quien el 15 de diciembre impuso 18 meses de prisión preventiva como medida cautelar por presuntos delitos de rebelión y conspiración.

CEHR

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