Simpatizantes del mandatario depuesto Pedro Castillo retomaron las protestas a casi un mes de su arresto para exigir elecciones, pues desconocen el proyecto del gobierno de convocarlas hasta 2024 y demandan justicia por las víctimas letales de las protestas.
Con hasta 35 bloqueos en Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Juliaca y Lima, entre otras ciudades, según la Defensora de Pueblo, los inconformes demandaron que la presidenta Dina Boluarte renuncie, elevando las disputas entre quienes buscan que se restituya el poder al acusado de rebelión por el fallido golpe de Estado del pasado 7 de diciembre y quienes buscan darle la vuelta a la crisis.
Las protestas y el paro a los que se sumaron integrantes de sindicatos, grupos campesinos y otras organizaciones provocaron el cierre de carreteras, por lo que el gobierno reforzó la seguridad para impedir actos violentos y ante el riesgo de nuevas tomas de aeropuertos como a finales del año pasado.
Esta respuesta derivó en más choques en los que los manifestantes lanzaron piedras y botellas a uniformados, quienes respondieron con gases lacrimógenos para disuadir a quienes insisten en otro cambio en el gobierno. Incluso, algunos sectores amagaron con dirigirse al Congreso, sin que se reportaran incidentes o víctimas. Hecho por el que el Poder Legislativo exhortó a los manifestantes a dejar atrás los choques y trabajar juntos por un “clima de paz y gobernabilidad”.
En tanto, Boluarte llamó a parar las marchas que sólo profundizan la inestabilidad en Perú y aseveró que su gobierno investiga los fallecimientos de manifestantes al recalcar, como dijo a fin de año, que no habrá impunidad, luego de reconocer que el cambio en la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) fue por el sesgo detectado en torno a las protestas, pues se tachó a la mayoría de inconformes de “terroristas”, sin evidencia de que cometieron actos vandálicos.
