El Gobierno de Honduras extendió por 45 días el estado de emergencia que decretó en diciembre, el que ahora abarcará más regiones, en un esfuerzo por combatir a bandas criminales en un contexto de aumento de la violencia.
La medida, vigente desde el 6 de diciembre en 165 áreas de las dos ciudades más grandes de Honduras, Tegucigalpa y San Pedro Sula, se amplió a 235 de los 298 municipios del país, dijo la Policía Nacional.
El jefe de la institución, Gustavo Sánchez, señaló que la decisión está basada en los buenos resultados obtenidos en diciembre, cuando se logró reducir niveles de criminalidad y violencia.
La medida, declarada por la presidenta izquierdista Xiomara Castro contra pandillas como la Mara Salvatrucha y Barrio 18, suspende algunos de los derechos constitucionales y permite que las fuerzas de seguridad detener a personas que se consideren asociadas con crímenes o los hayan cometido.
El esfuerzo sigue a quejas de empresarios, el transporte y población hondureña de que la extorsión por parte de delincuentes ha aumentado en los últimos meses.
Durante el primer mes de haberse implementado la medida fueron desarticuladas 39 bandas criminales y detenidas 652 personas, mientras que fueron incautados 43 kilos de cocaína y miles de gramos y piedras de crack, informó la Policía.
Defensores de derechos humanos han dicho que estarán monitorizando los operativos.
Las extorsiones de pandillas generan ganancias anuales de hasta 737 millones de dólares, casi el 3% del producto interno bruto del país, según datos de la Asociación por una Sociedad Más Justa, una organización no gubernamental centrada en la seguridad.
Leo
