Cientos de inconformes contra el gobierno de Dina Boluarte recriminaron de nuevo el fin de su gestión ante la violencia que ha dejado decenas de muertos, lo que provocó nuevos enfrentamientos con la Policía con un saldo de un muerto por proyectil y 34 heridos en un día, entre ellos seis uniformados.
Quienes insisten que las elecciones deben ser antes del 2024 tomaron de nuevo las calles, impulsados por la investigación por genocidio contra el gobierno, para presionar a la administración de la sucesora de Pedro Castillo a modificar el plazo previsto por el Congreso.
Y ante la contención represiva en varios puntos de la nación, pues las fuerzas del orden respondieron con disparos de perdigones, se replicaron las confrontaciones con las autoridades, principalmente en Cusco, donde los disidentes intentaron apoderarse del aeropuerto local, como lo hicieron hace unas semanas, mientras que otros sectores bloquearon vías principales en ciudades como Ayacucho, Arequipa y Puno, entre otras.
Pero ni el luto por las pérdidas en Juliaca impidieron las protestas, pues familiares de las víctimas colocaron pancartas con consignas contra la presidenta sobre los féretros de quienes murieron esta semana a manos de las autoridades, pues tacharon de asesina a Boluarte, pues aunque prometió que investigarían los decesos, éstos siguen aumentando en la nación. Incluso algunos disidentes marcharon cargando cajas que simulaban los ataúdes de las víctimas, pues desde el pasado 7 de diciembre ya suman más de 40 fallecimientos, entre ellos un policía calcinado.
En tanto, fuentes de la Fiscalía aumentaron el peso contra la gestión de Boluarte un día después de que el Congreso respaldara a su gabinete al revelar al diario La República que se ratificó que todas las muertes registradas en Juliaca fueron por impactos de bala luego de concluir las necropsias, pese a que el gobierno ha desmentido el uso de armas.
Además, también aumentó la presión mundial, pues ayer la organización Amnistía Internacional (AI) exhortó a la mandataria a detener de inmediato el uso excesivo de la fuerza por el que han muerto decenas de ciudadanos, pues recriminó que los policías disparen contra los manifestantes, lo que eleva la polarización y los reclamos.
Y a la par de estos hechos, la Fiscalía ahonda en las investigaciones, pues ayer solicitó al Consejo de Ministros información sobre lo enfrentamientos en las manifestaciones como parte del expediente por genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, lo que permitirá deslindar o confirmar si el gobierno es responsable de estas acciones derivadas de la crisis política por la que fue destituido y arrestado el expresidente Castillo.
