La desconfianza de la seguridad de Brasil va al alza, pues el presidente Luiz Inácio Lula da Silva engrosó la lista de cesados, mientras surgen dudas sobre el esclarecimiento de los actos golpistas, pues aunque sigue el proceso contra éstos el gobierno rechazó abrir un comité especial.
Un día después de la destitución de más de 40 militares, el izquierdista separó de sus funciones a 13 más, lo que evidencia una “limpia” al interior del Palacio de la Alvorada antes de su mudanza, que sigue sin fecha, y previo a la reunión con las Fuerzas Armadas.
El gobierno notificó a través del Diario Oficial los ajustes en torno a la custodia de la residencia oficial, avivando los cuestionamientos del líder sobre una presunta complicidad con los bolsonaristas que irrumpieron en Planalto, el Congreso y el Tribunal Supremo con ésas fuerzas, hecho ante el que un general del gabinete de seguridad se lanzó contra el mandatario al señalar que ésta es una grave señal, pues polariza aún más a un país en el que algunos sectores aún rechazan su mandato, según una entrevista con O Globo.
No obstante, la oficina de Lula matizó las decisión al atribuirlo a una rotación sin entrar en detalles sobre la estrategia, mientras medios locales aseguraron que el mandatario admitió que aún no hay condiciones para trasladarse junto a su esposa, Rosangela da Silva, a ese recinto.
Esto mientras Da Silva se lanzó contra su antecesor al responsabilizar a Jair Bolsonaro de la insurrección al sostener que durante toda su gestión lo único que hizo el ultranacionalista fue instigar odio y mentir reiteradamente a la población, aunque reconoció que aún no hay pruebas de que éste fuera parte de los organizadores o financiadores.
Horas después, se reportó que el magistrado Alexandre de Moraes mantiene el cerco contra los detenidos e insurrectos identificados, pues se prevé que esta semana concluyan las audiencias de casi mil 500 detenidos. Hasta el momento, de acuerdo con Metropoles, de los que siguen a espera de definir su proceso 354 podrían recibir prisión preventiva por delitos contra el orden democrático, mientras que 200 serían liberados, pero bajo medidas cautelares como arresto domiciliario, prohibición para salir del país o incluso de la ciudad donde residen, y la cancelación de sus pasaportes.
En tanto, la Procuraduría brasileña presentó cinco denuncias más por los actos vandálicos del pasado 8 de enero, entre ellas de personas captadas en video cuando irrumpen o realizan destrozos.
No obstante, pese a este cerco se aprieta, críticos del gobierno acusaron que el izquierdista se negó a abrir una comisión especial para investigar los ataques de extremistas. El mandatario argumentó que más que ayudar a la crisis para sancionar a los responsables podría generar mayor polarización, mientras que su oficina aclaró que cuentan con la evidencia suficiente para actuar por su cuenta.
