A casi siete semanas de las protestas en el país, autoridades urgieron redoblar la custodia policial ante actos vandálicos, pese a las críticas contra la Policía Nacional, mientras la presidenta Dina Boluarte enfrenta otro reto, por una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad tras las 55 muertes registradas en las protestas.
El líder del Poder Judicial, Javier Arévalo, demandó a las autoridades redoblar la custodia del recinto y otras instituciones al advertir que funcionarios y personal corren riesgo con cada nueva protesta, ante los amagos de los críticos del gobierno con tomar nuevamente la capital andina, mientras otros sectores vandalizan comisarías y hasta oficinas migratorias en reclamo por la muerte de decenas de aliados desde la destitución del exmandatario Pedro Castillo.
Y en medio de estas demandas, los inconformes con la actual administración, a la que tachan de ilegítima, mantuvieron sus movilizaciones masivas, al redoblar el cerco no sólo en la capital andina, sino en varias provincias con hasta 74 bloqueos a mitad de la jornada, de acuerdo con reportes de la Defensoría del Pueblo, que sigue pendiente de la situación crítica que atraviesa el país.
Incluso, un numeroso sector mantuvo la presión sobre las calles del Centro Histórico, envuelto en llamas la semana pasada, para demostrar a Boluarte y a su gabinete que no descansarán hasta obtener una respuesta a sus demandas entre las que resaltan el adelanto de elecciones y la renuncia de Boluarte, pues rechazan que la responsable de la represión y el fallecimiento de pobladores permanezca en el poder hasta 2024.
Y de nueva cuenta las fuerzas del orden recurrieron a la represión para cortar los avances de los disidentes. Pese a las denuncias de organizaciones internacionales por el uso excesivo de la fuerza, especialmente tras la intervención y allanamiento de agentes en la Universidad de San Marcos, éstos lanzaron gases lacrimógeno para disuadir a quienes insisten en un paro nacional, aumentando los choques con los uniformados, lo que dejó al menos una decena de heridos, según reportes de medios locales, pero sin conformación oficial, pues autoridades no dieron un balance en medio de otro día caótico en la región.
Incluso, el Ministerio del Interior contrario a los llamados de rebajar la represión policial, informó que adquirió más equipo para hacer frente a quienes insisten en arrastrar a una crisis a la nación, pues compró más de 200 mil bombas y gases lacrimógenos, así como decenas de vehículos para lanzar agua, lo que críticos tomaron como una advertencia contra los manifestantes.
En tanto, Boluarte sigue en la mira por genocidio y homicidio, hecho por el que abogados de Arequipa —una de las ciudades más afectadas por las protestas— emprendieron acciones legales ante instancias internacionales al señalar que la mandataria, su primer ministro, Alberto Otárola, y otros funcionarios, son responsables de ordenar y ejecutar “una política sistemática de represión desbordada”, de acuerdo con documentos obtenidos por el diario La República.
Dichas acciones incluyen también a mandos policiales y legisladores, como presuntos cómplices de la muere de decenas de personas, en su mayoría a causa de disparos de arma de fuego.
Rechaza nueva injerencia
En medio de la crisis, el gobierno de Perú arremetió otra vez contra la administración de Gustavo Petro al sostener que Colombia sigue desafiando las normas internacionales al inmiscuirse en temas de esa nación.
A través del Ministerio de Exteriores, la región andina recriminó al gobierno colombiano por nuevos intentos por incidir en la zona en torno al allanamiento en una universidad capitalina, a sólo unas semanas de los polémicos choques en los que Petro externó su apoyo y solidaridad al exlíder Pedro Castillo.
Hecho que se repitió con Bolivia al denunciar enérgicamente la intromisión del presidente Luis Arce en torno a las situación política que vive Lima.
