Venezuela, Nicaragua y Haití se alzaron como las naciones más corruptas en América Latina en el 2022, evidenciando que la región es de las más afectadas por la nula transparencia y la infiltración del crimen.
En el Índice de Percepción de Corrupción 2022 la organización Transparencia Internacional ubica a dos de éstos entre los 10 peores, junto a otros de Asia y África, que son los que menos avances registraron para erradicar el delito. Dichas posiciones reflejan la falta de medidas para frenar ese problema, que instituciones son manejadas por la delincuencia o que se abandonó la lucha contra la impunidad, lo que convierte a América Latina “en un terreno fértil para que florezcan las redes delictivas organizadas, alimentando la violencia y la inseguridad”.
Por ello, la medición enfatizó que en los países con el peor desempeño, según los puntajes desde 0, “muy corrupto”, hasta 100, “muy limpio”, se identificó que las “élites y el crimen organizado cooptaron instituciones”, hecho que no sólo afecta a los mencionados, sino a otras regiones de Centroamérica al enlistar en ese escenario a Guatemala y Honduras, en los puestos 150 y 157, respectivamente, lo que contrasta con el lugar 14 de Uruguay, el mejor del ranking.
Pero el régimen de Nicolás Maduro es el de peor evaluación con sólo 14 puntos, lo que lo coloca hasta la posición 177, superado únicamente por Sudán del Sur, Siria y Somalia, dos de éstos africanos.
Según su historial de la última década, el chavismo se estancó, algo que también afecta a países que están varios escalones arriba, pues casi una veintena no ha logrado avances significativos.
Sin embargo, su caso es peor —al quedar casi al fondo de la tabla—, pues ahí los “grupos criminales ejercen un amplio control”, principalmente en los negocios, como la extracción de oro, lo que abre la puerta a contubernio, sobornos y amenazas que obstaculizan la limpia de todos los niveles del gobierno y que incide en otros problemas como la desigualdad social, el aumento de la violencia y otras acciones en las que siempre los más marginados resultan los más afectados.
Ello provoca la “pérdida de miles de millones de dólares”, mismos que cualquier gobierno invertiría en servicios y en fortalecer su plan anticorrupción.
El otro peor evaluado en el continente es Haití, con sólo 13 puntos. Y es que arrastra severos problemas político-sociales desde el 2021 tras el magnicidio de Jovenel Moïse; la tragedia de la que trata de recuperarse lo hizo perder tres escalones en medio del auge de las pandillas y el escándalo de vínculos entre el gobierno y presuntos criminales.
La isla cayó a su nivel más bajo al igualar el puntaje de 2017 y del que se había recuperado desde el inicio de la gestión de Moïse, ejecutado durante una emboscada en su residencia, pues fue en ese año cuando logró 22 puntos, pero desde esa fecha continuó bajando.
En torno a la situación en Nicaragua, donde Daniel Ortega es quien ataca a la oposición y controla todo el poder, se detalló que es difícil trazar una línea entre las instituciones públicas y los delitos, lo que supone un grave obstáculo para frenar la corrupción, especialmente cuando son los activistas los que pujan más por la causa, pues admitió que ésta“es liderada casi exclusivamente por organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación independientes”.
Ello recuerda el cerco que impuso el sandinista contra rivales, incluyendo diarios, organizaciones no gubernamentales y hasta a la Iglesia, a los que arresta, condena a delitos que el gobierno creó y hasta les arrebata sus instalaciones.
Sobre la evaluación en el continente precisa que en América “faltan acciones audaces” para combatir la corrupción, en especial cuando las instituciones son blanco de ataques antidemocráticos como asalto en el Congreso, la presidencia y el Tribunal de Brasil a manos de ultraderechistas, con su antecedente más cercano en Estados Unidos cuando una turba invadió el Capitolio en el 2021.
Y reveló que en algunos gobiernos se desmantelaron las instituciones, un duro revés para cambios de administración como en Brasil y además se desdeñan los procesos judiciales.
Además, la organización identificó irregularidades que coinciden en AL, como el flujo ilícito de recursos, financiamiento ilegal de campañas y varios crímenes para cerrar espacios a la prensa y a los activistas lo que ha provocado crímenes contra defensores de los derechos humanos, principalmente en Colombia, México y Brasil, y el aumento e violencia lo que ha detonado mayor migración.
Por ello, sentenció que una de las claves para revertir esa tendencia es fortalecer sus instituciones, para que éstas sean sólidas, rubro en el que resaltó a Chile y Costa Rica, y mejorar los equilibrios en el gobierno, pues “las Américas tienen la oportunidad de superar (retos) y construir sociedades más democráticas”.
