Colombia

Fiscalía indaga a hijo y hermano del presidente Petro

Nicolás Petro fue señalado por su exesposa de recibir dinero de un narco para la campaña de su padre; su hermano, Juan, es acusado de corrupción

Los actuales diputado y presidente, Nicolás y Gustavo Petro, en imagen de archivo. Foto: Especial

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, enfrenta un revés por señalamientos públicos contra uno de sus hijos y su hermano por actos indebidos que han puesto bajo la lupa su compromiso con la paz y la lucha contra la corrupción.

Ayer, la Fiscalía anunció que empezó a investigar las acusaciones contra el diputado Nicolás Petro, hijo del mandatario, y a quien su exesposa señala de haber recibido dinero de un narcotraficante para una campaña presidencial de su padre.

“Se conformó un grupo de fiscales, investigadores y expertos que se dirigieron a Barranquilla (capital del departamento caribeño del Atlántico) y ya iniciaron las primeras diligencias con la señora denunciante Day Vásquez, que públicamente ha suministrado información sobre el tema”, detalló en un comunicado.

La mujer aseguró el jueves, en una entrevista con la revista Semana, que el narcotraficante Samuel Santander Lopesierra, El hombre Marlboro, le entregó al diputado en la Asamblea departamental del Atlántico, “más de 600 millones de pesos (124 mil 700 dólares) para la campaña del papá”.

“Eso nunca llegó legalmente a la campaña porque él se quedó con ese dinero, y así otros”, añadió, y dijo que Nicolás también recibió 200 millones de pesos (unos 41 mil 500 dólares) del empresario Alfonso Hilsaca, que tampoco fueron a dar a la campaña.

En un comunicado, el hijo de Petro negó los señalamientos y aseguró no conocer a Lopesierra ni a Hilsaca.

Las acusaciones llegaron horas después de que el presidente Petro publicara un comunicado en el que pidió a la Fiscalía que investigue a su hermano Juan Fernando y a Nicolás, que es su hijo mayor, sin dar mayores detalles.

Juan Fernando Petro, hermano del presidente, es señalado por la presunta existencia de una red de abogados y organizaciones que estarían tratando de vincular a narcotraficantes y personas requeridas en extradición con la política del gobierno llamada “paz total” a cambio de dinero.