Cientos de peruanos bloquearon el viernes una vía clave de acceso a la capital en una nueva jornada de protestas contra el gobierno, en la que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y de los miembros del Congreso. Las manifestaciones más multitudinarias se dieron entre diciembre y mediados de febrero.
Los manifestantes opositores colocaron piedras e incendiaron neumáticos en la Carretera Central, una vía que une los Andes centrales con Lima. Varios metros de la vía quedaron bloqueados mientras los integrantes de la protesta gritaban: “Dina, asesina, el pueblo te repudia”.
La policía llegó una hora después y lanzó gases lacrimógenos contra los manifestantes, que escaparon por las calles de Huaycán, una barriada que creció hace casi 40 años alrededor de la carretera.
En la víspera, la policía dispersó en los alrededores de una plaza del centro histórico de Lima a manifestantes que llegaron a protestar desde la región Puno, donde el 9 de enero murieron 18 civiles en enfrentamientos con la policía. Fue la jornada con más víctimas de los casi tres meses de protestas.
Imágenes de video mostraron en la víspera a la policía lanzar gases lacrimógenos a corta distancia contra el encabezado de la protesta, en donde iban mujeres de Puno con sus hijos pequeños en sus espaldas, una tradición en los Andes. También hubo un breve choque de manifestantes con policías en una zona acomodada de Lima, que dejaron al menos dos civiles heridos en los brazos y piernas.
Las manifestaciones en el Centro Histórico limeño están prohibidas desde mediados de febrero por una ley que declara que es una “zona intangible” para el desarrollo de marchas y manifestaciones.
La capital está encabezada por el alcalde conservador Rafael López, que es accionista del tren que lleva turistas a la ciudadela de piedra inca de Machu Picchu y al lago Titicaca, entre Perú y Bolivia.
Las manifestaciones en Perú empezaron el 7 de diciembre cuando Boluarte asumió el poder luego de que su antecesor Pedro Castillo, de quien era vicepresidenta, fuera destituido por el Parlamento tras intentar disolver el Congreso para evitar una votación sobre su remoción del cargo. Las protestas se ampliaron a Lima en enero con pobladores que llegaron desde los Andes, sobre todo del sur, pero disminuyeron a mediados de febrero.
Boluarte asegura que no renunciará hasta que se elija a su sucesor en elecciones adelantadas y el Congreso ha archivado cuatro proyectos de adelanto de elecciones, incluida una del gobierno. Las dos últimas propuestas fijaban en octubre y diciembre el llamado a las urnas, pero fueron desechadas por el Parlamento.
El martes en Washington el subsecretario del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols, dijo en una charla en la Universidad George Washington que esperaba que Boluarte y el Parlamento peruano “puedan llegar a un acuerdo para avanzar las elecciones y que los peruanos puedan confiar en la democracia”.
Según la Defensoría del Pueblo, suman 60 fallecidos durante las protestas. De ese total, 48 son víctimas de choques directos con las fuerzas de seguridad.