La presidenta de Perú, Dina Boluarte, rindió declaración ante la Fiscalía andina por el caso de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves durante las protestas masivas que comenzaron a finales del año pasado tras la destitución y arresto del exmandatario Pedro Castillo.
A tres meses de asumir las riendas del país, la exvicepresidenta atendió el citatorio de la fiscal Patricia Benavides, hecho que confirmó el órgano al detallar: “inició la toma de declaraciones”.
Se informó que desde temprana hora respondió preguntas ante el juez Juan Carlos Checkley, con miras a esclarecer la muerte de más de 60 manifestantes entre diciembre del 2022 y enero pasado, algunos de ellos por arma de fuego, en el intento de la Policía de contener las marchas y vandalismo en varias provincias en las que, incluso, han exigido la renuncia de la sucesora de Castillo.
Sin embargo, el proceso se interrumpió casi una hora después, de acuerdo con medios locales, cuando la Procuraduría andina solicitó sumarse al caso por el que se investiga a otros funcionarios como integrantes del gabinete, entre ellos el primer ministro, Alberto Otárola, y líderes de las Fuerzas Armadas, como presuntos responsables de la estrategia de seguridad nacional.
Según Perú21 el proceso fue suspendido luego de que la fiscal informó que esperarán a que se decida la tutela de derechos para dar continuidad a la investigación por la que buscan determinar la posible responsabilidad del gobierno en los decesos, como alegan la oposición y sectores afines a Castillo.
Por separado, el diario La República señaló que este interrogatorio ni siquiera comenzó, al detallar que Boluarte permaneció poca más de una hora en el recinto, lo que sirvió para tomar las fotos, pero no hubo más y se retiró escoltada bajo un fuerte operativo de seguridad.
Dicha versión fue desmentida por el gobierno que puntualizó a través de Twitter que Dina sí “culminó su presentación ante la Fiscalía, donde brindó declaraciones respecto a las investigaciones del Ministerio Público”.
A la par de los hechos, hubo otra audiencia en contra del exmandatario Castillo por delitos como organización criminal y colusión agravada, proceso por el que piden hasta 36 meses de prisión preventiva contra quien fue destituido tras su fallido golpe de Estado.
Al respecto, la fiscal del caso, Galinka Meza, adelantó que quien lleva tres meses recluido por rebelión podría pasar más de 30 años en prisión por los nuevos cargos, caso en el que la autoridad demostró una presunta complicidad familiar y de integrantes del gabinete.
