Por segundo día consecutivo el régimen de Daniel Ortega redobló la persecución contra opositores, ahora contra la comunidad religiosa y el sector educativo.
Frente a la presión internacional y a casi 24 horas de ordenar el cese de operaciones de una veintena de organizaciones de la Iniciativa Privada, la dictadura sandinista ilegalizó dos universidades registradas como asociaciones católicas: Juan Pablo II, fundada en 2004, y la Cristiana Autónoma de Nicaragua (UCAN) vigente desde el 2002, así como la fundación Cáritas Nicaragua, dependiente de la Conferencia Episcopal de la nación centroamericana.
De acuerdo con La Gaceta oficial ninguna de las instituciones académicas, que tienen sedes en Managua, Chontales, Granada, León, Matagalpa y otras ciudades, cumplieron con las leyes de regulación en torno a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), justificación que el sandinismo usa para restringir a sus críticos desde hace meses, cerco que recientemente documentó la Organización de las Naciones Unidas (ONU), lo que ha desatado fuertes restricciones de la comunidad mundial para aislar al régimen represor.
En tanto, el Ministerio de Gobernación nacional, al servicio de Ortega y su esposa la vicepresidenta Rosario Murillo, detalló que los sancionados rechazaron aportar información sobre sus estados financieros o activos, ley que se creó para identificar supuestos “agentes extranjeros” en el país.
Añadió que éstas tampoco actualizaron datos sobre su juntas directivas, razones que consideró suficientes para arrebatarles la personería jurídica.
En respuesta, las organizaciones afectadas denunciaron que sólo es otra manera de acorralarlas y vigilarlas, pues el gobierno tiene la mira en sus activos e ingresos económicos ante la sospecha de que son financiadas con apoyo de gobiernos que intentan derrocar al régimen orteguista desde hace años.
Dicha medida restrictiva implica la inmediata confiscación de bienes e inmuebles, pues ordenó a las dos sancionadas traspasar sus activos al Estado de Nicaragua con apoyo de la Procuraduría.
También prevé la entrega inmediata y expedita de listas de estudiantes, docentes y más datos al Centro Nacional de Universidades, pese a que las universidades canceladas recriminaron que el régimen que las clausura es el mismo que rechazó recibir informes financieros de éstas, para tener motivos para aplicar sanciones irreversibles.
Con lo que les espera un destino similar que el de casi 20 instituciones de educación superior tanto nacionales como extranjeras, restringidas por la Asamblea Nacional desde finales del 2021, y medios de comunicación, como el diario independiente La Prensa, cuyas oficinas fueron desmanteladas para convertirlas en un centro cultural que ahora usan para promover el sandinismo.
Posteriormente, se reportó que el régimen canceló la personalidad jurídica de Cáritas, que comenzó operaciones en la década de los 90, dejando en evidencia que actuará contra religiosos e instituciones afiliadas.
Dicha medida responde a la petición del llamado brazo social de la Iglesia católica, pues desde hace meses denunció múltiples trabas gubernamentales que le hacían imposible cumplir con la ley de asociaciones, por lo que el régimen de Ortega aprovechó su postura para poner fin oficialmente a su existencia, según los acuerdos ministeriales 20 y 30.
Su cancelación se suma al de Cáritas Jinotega, que reportó que desde hace semanas se le negó la vía para recibir financiamiento de organismos donantes, bajo la justificación de que parte de esos ingresos podría provenir del extranjero.
