El Poder Judicial de Perú decretó 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo como cabecilla de una organización criminal, la segunda pena en su contra a más de dos meses de ser imputado por rebelión.
Un día después de iniciar la audiencia, el juez Juan Carlos Checley, el mismo que lo envió a la cárcel en diciembre pasado, avaló la resolución de una pena de tres años encerrado al reiterar, como en el caso previo, que existe un grave riesgo de fuga y que la evidencia es fundada y suficiente para comprobar su participación una red de corrupción que operaba desde el Palacio de Gobierno.
Y es que desde antes que fuera destituido por el intento de golpe de Estado, la Fiscalía tenía en la mira al izquierdista por colusión y tráfico de influencias en el caso PetroPerú.
Pese a los alegatos de la defensa de quien siguió el proceso desde el penal de Barbadillo, el juez sostuvo que no había condiciones para un posible arraigo ante el peligro de fuga, al recordar que así lo intentó en diciembre pasado cuando se dirigía a la embajada de México en Lima tras ordenar la disolución del Congreso, hecho que no prosperó.
En tanto, los abogados de Castillo Terrones se pronunciaron en contra de la decisión al tacharla de infundada, pues consideran que no se cumplen los requisitos procesales para imponer otra sentencia preventiva contra su cliente.
El plazo también fue impuesto contra dos de sus aliados por su presunta colaboración para desviar recursos, como los exministros de Vivienda Geiner Alvarado y de Transportes Juan Silva, aunque éste último sigue prófugo.
De acuerdo con el diario andino La República dicha sentencia se llevará en paralelo con la impuesta a finales del año pasado por cargos de rebelión; es decir, no se suma a la anterior de 18 meses.
Por separado, la fiscal de este caso, Galinka Meza, recalcó que si se confirma la culpabilidad de Castillo Terrones en estos hechos podría pasar hasta 32 años en reclusión.