La racha de expresidentes de Perú presos sigue al alza tras la extradición de Alejandro Toledo desde Estados Unidos, con lo que la nación en crisis acumula tres exjefes de Estado en prisión en la última década.
A más de 16 años de dejar el gobierno —periodo en el que suman ocho mandatarios—, el político fue entregado en un vuelo de Los Ángeles a Lima tres días después de que el exlíder del partido Perú Posible se presentara ante las autoridades estadounidenses tras el fallo en su contra, donde ya había sido detenido.
Al poner un pie en el aeropuerto Jorge Chávez, donde se le vio vestido con camisa, suéter rojo, pantalón azul y tenis, la Policía Nacional lo detuvo por su nexo en la red de corrupción de Odebrecht y lo trasladó al complejo policial Juan Benítez a su primera audiencia, proceso supervisado por la fiscal Patricia Benavides y en el que fue esposado, pues en las fotografías difundidas se le ve con las manos cubiertas con una chamarra.
Luego de una revisión médica y un control migratorio de horas, el político, a quien le incautaron sus bienes, fue presentado ante la jueza Margarita Salcedo en la Sala Pena de Tacna, quien en 20 minutos ratificó que permanecerá 18 meses en prisión preventiva al rechazar el pedido de su abogado, Roberto Su, de un arresto domiciliario por su edad, 77 años.
Tras el proceso en el que se corroboró plenamente su identidad con apoyo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la magistrada le imputó delitos de colusión agravada y lavado de activos en relación con la construcción de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica, pues las investigaciones y testimonios revelan que Toledo recibió hasta 20 millones de dólares de la empresa brasileña entre 2001 y 2006, aunque éste insistió en su inocencia al rechazar los cargos, pues en varios momentos de la audiencia se le vio serio y con los brazos cruzados.
Su defensor alegó que su cliente está bajo un fuerte periodo de estrés, pues desde que arribó al país no se le proporcionó ningún alimento, según declaraciones a la prensa.
Finalmente, el exejecutivo fue trasladado en un operativo a la prisión de Barbadillo, bajo régimen ordinario y sin visitas, como adelantaban medios locales, pero siguen las investigaciones, y se prevé la declaración de exfuncionarios como su vicepresidente David Waisman.
En dicha prisión también están los exmandatarios Alberto Fujimori y Pedro Castillo. Su antecesor derechista cumple una condena de 25 años por malversación, secuestro y violaciones a derechos por una matanza en la década de los 90.
En tanto, Castillo Terrones —el sexto mandatario en asumir el gobierno en cinco años— está recluido desde diciembre pasado por rebelión, tras el fallido golpe de Estado, y por organización criminal, pues creó una red de corrupción en complicidad con su familia e integrantes del gabinete, de los que uno sigue prófugo.
Y es que la corrupción ha alcanzado a altas esferas del país, pues aunque ellos son los únicos presos, se investiga a cuatro exlíderes, Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala, Alan García y Manuel Merino. De ellos, los tres primeros están vinculados al igual que Toledo con la trama Odebrecht, aunque García, quien cumplió dos mandatos presidenciales, se suicidó para evitar a la justicia andina.
Dos se vieron forzados a renunciar por el escándalo. Kuczynski sólo cumplió la mitad de su administración, mientras que la situación rebasó a Merino en plena pandemia de Covid-19 e impuso un récord con el gobierno más breve de sólo cinco días, ante la presión por recibir sobornos y dejó la presidencia.
En el caso Vizcarra, el Congreso avaló este año una denuncia constitucional, que incluye a cuatro ministros, mientras que Ollanta Humala enfrenta un juicio por su nexo con la firma brasileña que pagó sobornos a gobiernos en América y la fiscalía del caso pide hasta 20 años de prisión en su contra, a más de cinco años de estar preso como su esposa.
A la par de la extradición de Toledo, la presidenta Dina Boluarte hizo un nuevo ajuste en su gobierno.
Con la presión de recuperar el rumbo nacional, renovó los ministerios de Justicia, Educación, Trabajo y Comercio Exterior y Turismo, que ahora quedan en manos de Daniel Maurate, Magnet Márquez, Antonio Varela y Juan Mathews, respectivamente, de quienes resaltó el compromiso de desempeñar sus funciones sin corrupción, un mal que afecta desde hace años a la región.
Ella no se ha librado y en casi cinco meses de gestión fue tachada de corrupta y denunciada por genocidio tras las más de 60 muertes durante las protestas.
