A menos de 24 horas de comparecer ante la Asamblea Nacional de Ecuador, el presidente Guillermo Lasso activó la “muerte cruzada” al disolver ese órgano y convocar a elecciones para renovar los Poderes Legislativo y Ejecutivo.
El conservador no esperó a la votación que anticipaban para el próximo 20 de mayo y tras defenderse de acusaciones sin pruebas por peculado recurrió a la decisión sin precedentes para enfrentar la “grave crisis y conmoción interna”.
Justificó en un discurso de más de 10 minutos en cadena nacional que ésta es la única salida constitucional a las “falacias” de un sector que insiste en entrampar y bloquear a su gobierno, pues acusó a congresistas de escalar su plan de desestabilización al inventar un expediente sin pruebas y reiteró que sus “acusadores se han obsesionado por acabar con mi gobierno” por rencor “sobrehumano”.
Con apegó a la ley y a días de cumplir dos años de mandato, Lasso advirtió que no permitirá que la oposición extralimitada frene al país y solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) convocar a comicios para designar otra Asamblea al admitir que 81 por ciento de la población rechaza ese poder.
Y recordó que, según el artículo 148 de la Carta Magna, como jefe de Estado tiene la facultad de tomar esta decisión una vez sólo en los primeros tres años de gestión para calmar la “confrontación irracional e inútil”, replicando el mensaje que dio ante legisladores. Y será el órgano electoral el que defina la fecha, antes de que termine agosto. Y horas después éste se reunió para analizar el plan operativo en donde el mayor desafío es el presupuesto, pues sólo tiene 90 días.
La decisión del derechista fue respaldada por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del país al sostener que “no aceptarán ningún intento de alterar el orden constitucional a través de la violencia”, y de inmediato desplegaron un operativo para resguardar el recinto ante el amago de protestas que no ocurrieron, tras varios intentos de destituir a Lasso desde que tomó las riendas de la nación.
Lasso recalcó que ser presidente también implica decisiones difíciles en referencia a la “figura excepcional”, creada bajo la gestión de Rafael Correa, y por ello, a falta de un Congreso, expedirá decretos para gobernar, luego de que ese sector evidenció sus claras intenciones de entorpecer y obstaculizar al Ejecutivo.
Apuntó que en 24 meses la Asamblea recurrió al acoso constante de ministros para agitar al gabinete al convocarlos mil 300 veces, actos disfrazados de comparecencias, pero que pretendían aumentar la inestabilidad. Incluso, enumeró
anomalías como bloqueos a leyes urgentes ante la ola de inseguridad que azota al país desde el 2021, amenazas de agravar la violencia y transgredir el poder.
Y agregó que tras el más reciente intento de cesarlo su gobierno está “más unido que nunca”, hecho que mostró al reunirse con su gabinete y diplomáticos, mientras el mercado sufrió un golpe, pues la falta de confianza causó una caída de 5.3 centavos en bonos de inversión.
Además, emitió su primer decreto para bajar impuestos a familias y negocios al asegurar que la estrategia permitirá devolver a éstos 200 millones de dólares, acto con el que sus críticos señalan buscan congraciarse con el pueblo, pues éste podría cobrarle factura, pues como candidato podría perder su cargo en las urnas luego de evadir la destitución a manos de la Asamblea, pero él recalcó que el poder está en la ciudadanía.
De inmediato la oposición arremetió en su contra al calificar de “ilegal” la decisión. El exlíder Correa lideró la respuesta a la disolución al criticar al derechista, pero recordó a la población que ésta es la oportunidad de librarse de Lasso.
Poco después fue secundado por otros críticos del Ejecutivo, entre ellos grupos indígenas que insistieron que la ciudadanía ya no lo respalda.
Pero el apoyo llegó desde el exterior, pues gobiernos aliados, en su mayoría latinos, resaltaron las acciones en favor de la democracia para resolver la crisis.
Una de las primeras en pronunciarse fue su homóloga peruana, Dina Boluarte, quien dijo que Lasso actuó en total apego a la Constitución, esto pese a que tomó una decisión similar a la del exlíder andino Pedro Castillo, quien en diciembre pasado trató de disolver el Congreso, pero terminó destituido y preso.
Más tarde Chile y México se pronunciaron en favor de la estabilidad, mientras que Estados Unidos se dijo dispuesto a trabajar con quien gane. En tanto, exmandatarios del Grupo Libertad y Democracia aplaudieron la llamada “muerte cruzada” como una salida democrática. Entre los firmantes están Felipe Calderón (México), Sebastián Piñera (Chile), Iván Duque (Colombia), José María Aznar y Mariano Rajoy (España), entre otros.
Ejecutivo ve agresión de candidata de Guatemala
A la confrontación que el Gobierno mexicano mantiene con Perú se sumó otra con Guatemala. La primera, por su reiterada defensa del depuesto presidente Pedro Castillo y, la segunda, por la posibilidad de acoger en México a una persona que en el país centroamericano es señalada como terrorista.
Luego de los señalamientos del primer ministro de Perú, Alberto Otárola, y la excandidata presidencial de ese país, Keiko Fujimori, en las que señalaron injerencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario declaró que, aunque les moleste, no dejará de hablar sobre lo que considera una “injusta” destitución del expresidente Pedro Castillo.
“No vamos a dejar de manifestar nuestra protesta por lo sucedido en Perú. Les molesta mucho a los de la clase dominante en Perú que hablemos sobre el tema, pero consideramos que se cometió una gran injusticia al destituir al presidente legal, legítimamente constituido, Pedro Castillo”, advirtió el mandatario.
Señaló que esa clase política dominante perdió las elecciones ante Pedro Castillo y, a partir de ello, organizó un acoso y un cerco al mandatario, casi desde el inicio de su gestión.
“Entonces, los que tenían el control político, no voy a mencionarlos, en el Perú, perdieron la elección, porque el pueblo de Perú, la mayoría, dijo: ‘Queremos a Pedro Castillo’. ‘Pero, ¡cómo a Pedro Castillo, si es de la sierra, si usa sombrero!’. Entonces, como son muy clasistas, muy racistas, empezaron con una campaña en su contra”, expuso.
Durante su conferencia matutina, López Obrador reconoció que, además, se abrió otro frente de discusión, ahora con Zury Ríos, hija del expresidente de Guatemala José Efraín Ríos Montt y aspirante presidencial, que reaccionó a la petición hecha por México para que César Montes, un dirigente campesino, reciba atención acá, pues se encuentra en etapa terminal.
“Hice un comentario acerca de un dirigente preso en Guatemala y una candidata hija del expresidente y militar Ríos Montt me contestó de manera agresiva, si yo lo único que plantee es que familiares de este dirigente preso vinieron a pedirnos que si podíamos ayudarlo por cuestiones humanitarias, porque está enfermo”, señaló.
En su cuenta de Twitter, la candidata presidencial guatemalteca Zury Ríos le respondió que en ese país no habrá “abrazos para delincuentes, sino seguridad para los ciudadanos”, y criticó la intervención del mandatario mexicano.
“Presidente Manuel López Obrador, César Montes es un guerrillero, terrorista y asesino convicto que ejecutó vilmente a tres de nuestros valientes soldados. Su intervención buscando clemencia para este criminal es un insulto para los guatemaltecos que anhelamos la paz”, señaló Zury Ríos el lunes pasado a través de un video.
Ayer, la candidata guatemalteca volvió a aludir en sus redes sociales al Presidente mexicano, a quien le dijo que “en Guatemala a los delincuentes no les llamamos dirigentes, y mucho menos a alguien que asesinó a militares en 2019. Mi respuesta no es agresividad; es carácter. A los guatemaltecos se les respeta”.
López Obrador también hizo votos para que Ecuador transite en paz y tranquilidad por la crisis generada, luego de que el presidente Guillermo Lasso decidiera disolver el Congreso, donde se llevaba a cabo una investigación en su contra por presunto peculado, argumentando una “grave crisis política y conmoción interna”. “No creo yo que haya inestabilidad y además no lo deseo”, se pronunció.
PAN critica injerencia en asuntos del país andino
La secretaria de Asuntos Internacionales del PAN, Mariana Gómez del Campo condenó la injerencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador en la situación política de Perú.
“En Acción Nacional rechazamos y condenamos la injerencia de López Obrador en la situación política de Perú, hay que recordarle que su amigo Pedro Castillo intentó disolver el Congreso por estar en medio de investigaciones por corrupción. La Presidenta Dina Boluarte llegó al poder de manera legítima y en estricto apego a la Constitución Peruana”, señaló.
Gómez del Campo señaló que es necesario recordar al Ejecutivo que dentro de los principios de política exterior existen la autodeterminación de los pueblos y la no intervención, además, de acuerdo con las leyes peruanas, Dina Boluarte se convirtió en la primera mujer presidenta debido a que Pedro Castillo intentó dar un golpe de Estado.
“Eso sí a todas luces fue inconstitucional, no por nada se votó contra Pedro Castillo la figura de incapacidad moral permanente”, destacó.
Dijo que en Perú la Constitución establece que en caso de impedimento temporal o permanente del Presidente de la República asume el cargo el primer o el segundo vicepresidente.
Por ello, calificó como terrible que López Obrador no quiera entregar la Presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico que ya no le corresponde a México, ya que es una situación que no tendría que estar ocurriendo. “El Presidente es un autoritario, prepotente y arbitrario que está incumpliendo una obligación internacional”, agregó.
