El proceso de paz del presidente Gustavo Petro enfrenta otro obstáculo al suspender el acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tras el asesinato de cuatro indígenas.
A unos meses del acercamiento con el grupo criminal, el líder de izquierda admitió que es imposible continuar un diálogo y cese el fuego, cuando es claro que los integrantes del grupo del narcotráfico y que fue tachado de terrorista no respetan el acuerdo de deponer las armas al poner en duda “la voluntad de construir un país en paz”, tras un encuentro
Un día después de los hechos, informó que “el gobierno tomó la decisión unilateral de suspender parcialmente los efecto del Decreto 2656 del 2022”, tras revelarse que la organización liderada por Néstor Vera, Iván Mordisco, asesinó y secuestró a cuatro jóvenes, tres de ellos menores de edad.
Según informes de las autoridades el crimen fue en represalia, porque los indígenas se negaron a sumarse a las filas del llamado Estado Mayor Central (EMC), hecho que Petro recalcó es un crimen de lesa humanidad.
Dicha tragedia evidencia la falta de disposición de los guerrilleros de abandonar la lucha en favor de la paz, pues siguen operando en regiones como Putumayo, lo que Petro recalcó “cuestiona la voluntad de construir un país en paz”.
Por ello, Petro recalcó que “si el cese el fuego bilateral no es efectivo en determinados territorios para proteger la vida y la integridad de toda la población no tiene sentido persistir”, al culpar directamente a esa agrupación armada por este rompimiento en medio del choque entre el gobierno con otros guerrilleros, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo.
Sin embargo, expuso en un texto difundido en redes sociales que aún hay opciones para retomar la ruta de la paz, pues no renunciará a sus planes de trabajar por ésta.
No obstante, puntualizó que la única vía para garantizar este acuerdo es que las FARC se sienten nuevamente a negociar con el compromiso de “fortalecer el cese de hostilidades” y fortalecer acciones en favor de la paz, luego de que presuntamente dicho sector rechazara responder a una citatorio para aclarar lo ocurrido en Putumayo.
Poco después, las FARC denunciaron la acción unilateral del gobierno sudamericano y advirtieron públicamente que este acto provocará consecuencias en Colombia, al cortar de tajo la comunicación para legalizar sus acciones.
El grupo de Iván Mordisco refirió que “el rompimiento unilateral desatará la guerra y se multiplicarán los muertos”, según medios locales, lo que pareció un intento de doblegar a Petro para evitar el freno a la negociación entre sus delegaciones al señalar que no se ha demostrado su participación en tales hechos.
Incluso, acusaron que ésta no es la primera vez que el gobierno izquierdista les atribuye delitos que no cometieron, al revelar que con estas acciones Colombia trata de condicionar su participación en este proceso de paz pactado a finales del año pasado, pese a que se han alzado como un ejemplo en la recuperación de esta tranquilidad nacional al cesar sus ofensivas contra los militares.
Pero el gobierno recalcó que habrá nuevas conversaciones sin adelantar si ya identificó a los presuntos responsables de la muerte de los integrantes de la comunidad indígena y si su entrega será parte de las nuevas negociaciones.