El gobierno de Joe Biden sufrió un revés en política migratoria cuando un juez bloqueó la estrategia con la que condiciona el asilo desde el fin del Título 42.
Un día después de la disputa con Texas — que instaló ilegalmente boyas flotantes en el río Grande— el magistrado de Distrito de California, Jon Tigar, falló en favor de organizaciones en defensa de indocumentados, entre ellas la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) al impedir la aplicación de estas restricciones, pues tachó de “arbitraria” la nueva estrategia del demócrata.
Quien llegó al cargo con Obama ratificó que la medida con la que Washington dice abrir vías legales para facilitar el ingreso de quienes cumplen con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), en vez de que éstos irrumpan en los puentes, sólo pone en peligro a miles de ilegales y es una violación a la ley, lo que recuerda la justificación de la Federación para demandar un día antes al gobierno de Greg Abbott por instalar sin permiso una barrera en la frontera amenazar la seguridad nacional para contener a los migrantes.
Por ello, el jurista insistió que, en vez de velar por las libertades que caracterizan a la potencia históricamente tal como respalda el Congreso, la gestión de Biden —que busca la reelección— obstruye el deseo de quienes buscan protección, al comparar incluso estas severas medidas con las políticas durante el gobierno de Donald Trump.
Por lo que recalcó que ello afecta a muchos de quienes huyen de la violencia de sus zonas de origen, principalmente en Centro y Sudamérica. Por ello, prevé eliminar el plan en un plazo de 15 días, para que el DHS apele la decisión, como adelantó desde la semana pasada en torno a un resultado adverso que detonaría otro caos en la frontera.
Según su evaluación, esta contención migrante no tiene justificación, pues no se puede restringir el asilo sólo porque una persona amenazada ingresó ilegalmente al país.
Lo que admitió podría abrir la puerta a más oleadas, mientras la Casa Blanca presume una reducción de 30 por ciento en arrestos fronterizos en el último mes, luego de su peor pico tras dejar de aplicar el Título 42 para rechazar a extranjeros irregulares como parte de las normas sanitarias por la pandemia de Covid, aunque no hay claridad de cuántos meses seguiría este descenso.
Al respecto, el juez recalcó que para conceder el refugio no debe importar “cómo llegó” la persona, luego de detallar por escrito que no todos tienen las alternativas aceptadas por EU.
Ello recuerda que desde mayo pasado el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, advirtió que habría severas consecuencias contra quienes no acaten las “vías legales” para permanecer en el país y no aceptan regular su ingreso o estancia.
Entre éstas destacan la prohibición de entrar a EU por hasta cinco años si insiste en cruzar ilegalmente a través de México o ser enjuiciados por ser reincidentes, tema por el que el juez Jon Tigar insistió que elegibilidad no se puede determinar con acciones a modo.
Y es que, pese a que la gestión de Biden ofrece comenzar los trámites desde sus naciones de origen, al abrir oficinas especiales en países de América, o dar citas en línea para formalizar su solicitud de asilo no todos tienen acceso a las alternativas creadas.
Pues los trámites a través de la aplicación móvil CBP One (de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) son insuficientes para los miles de indocumentados o no sirven para todos, como por el idioma, mientras que a ciertas nacionalidades les dan facilidades como a los que vienen de Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela o Ucrania.
En tanto, los interesados en obtener este beneficio son enviados a la frontera a un “grave riesgo de violencia” en campamentos improvisados en México.
Ahí corren mayor peligro al quedar a expensas de delincuentes, como traficantes que alientan a los irregulares a hacer el viaje mediante información falsa, y hasta funcionarios corruptos que se aprovechan de su situación, como han denunciado activistas en defensa de la migración, mismas que aplaudieron la decisión del juez al calificar de “crueles” las políticas migratorias de Biden.
Por ello, Tigar puntualizó que estas restricciones socavan la intención de EU de proteger a quien tiene miedo de volver a su país, mismas que no aplican a los menores no acompañados. Tema en el que destaca que el magistrado ya ha bloqueado medidas similares, incluso de
los republicanos.
Medios estadounidenses recordaron que en 2018 echó atrás una medida del magnate republicano que busca de nuevo la presidencia contra quienes cruzaron ilegalmente la frontera.
Y un año después, bajo la misma administración, invalidó un intento de bloqueo contra los indocumentados que no solicitaron ayuda previamente en otro territorio, al señalar que en el tránsito desde sus naciones de origen no todos encuentran “opciones seguras”, aunque la Suprema Corte le dio su respaldo a la gestión anterior.
