La cuarta imputación contra el expresidente estadounidense Donald Trump revela que violó la llamada ley Rico (Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión), lo que podría derivar en penas de hasta 20 años de prisión contra el magnate y algunos de sus 18 cómplices, quienes enfrentan en total 41 cargos, de acuerdo con el proceso que encabeza la fiscal del condado de Fulton, Fani Willis.
Dicha ley, creada en la década de los 70, busca detener asociaciones ilícitas relacionadas con delitos de crimen organizado al actuar principalmente contra asociaciones o mafias que incurrieron en patrones de actividades delictivas y se relaciona con el republicano al establecer que él es el líder de una “empresa criminal” que intentó revertir unas elecciones adversas al perder frente a Joe Biden y luego acusar un fraude, basada en información falsa.
Entre las ilegalidades que castiga y que se relacionan con el exmandatario y ahora aspirante presidencial destacan la intención deliberada de causar graves daños a instituciones públicas como privadas —en este caso el Gobierno—, planes para extorsionar, sobornar y falsificar, así como presuntos esquemas criminales durante un largo tiempo como 10 años, aunque la imputación en Georgia no establece la temporalidad de dichos delitos.
De acuerdo con medios locales, la fiscal Willis busca demostrar que Trump y sus coconspiradores incurrieron en patrones ilegales con un propósito común, en este caso la conspiración para revertir un proceso electoral en el que el republicano perdió ante Joe Biden en 2020.
Incluso, resaltan que Georgia cuenta con su propia versión de la ley Rico —establecida una década después que la federal— que tipifica como un delito patrones de conducta criminal organizada y conspiración y a diferencia de la legislación nacional que establece una década, en la entidad no se requiere demostrar que existen desde hacer largo tiempo.
Y resalta que esta legislación fue creada al apuntar directamente a la eliminación de mafias e imponer sanciones cada vez más severas.
Pero no sólo se usa contra dichas asociaciones, sino contra grupos y organizaciones corruptas que infringen la ley con prácticas comerciales ilegales, malversación de fondos, conspiración, extorsión criminal y delitos de cuello blanco, financieros, de juego o robo, sin importar que la participación de un individuo sea mínima, pues todos los integrantes serán juzgados por igual, lo que recuerda que Willis estableció desde el pasado 14 de agosto que el aspirante a la presidencia y sus 18 cómplices serán procesados en un mismo juicio, luego de fijar hasta el 25 de marzo como límites para entregarse.
AM
