El régimen de Daniel Ortega no quita la mira de sus críticos y a días de bloquear las cuentas de la Universidad Centroamericana (UCA) ordenó confiscarla.
Medios nicaragüenses detallaron que la dictadura acusó de “terrorismo” a la institución jesuita; y, pese a que no se detallaron los motivos para tal impu-tación, una jueza sandinista autorizó que se apoderaran de los bienes de la casa de estudios privada, incluyendo los recursos a los que ya no tenían acceso.
Con ello, el gobierno redobla su postura para apropiarse de instalaciones de presuntos opositores, pues el año pasado hizo lo propio con planteles de niveles superior acusados por atentar contra la soberanía y con el diario La Prensa, que transformó en favor de su gestión.
Tras la drástica decisión, la UCA suspendió actividades escolares y administrativas a la espera de que le sea devuelta su sede; sin embargo, todo apunta al cierre de la universidad, pues en el documento remitido a la directiva se establece que “el Estado de Nicaragua garantizará la continuidad de todos los programas educativos”, siguiendo los casos de cierres forzados previos.
En respuesta, la directiva de la universidad rechazó las acusaciones y el inminente cierre de la institución de nivel superior al tachar de “infundada” la acusación de que la Compañía de Jesús promovió este espacio para organizar grupos delincuenciales. Y advirtió que esta medida es “el precio por la búsqueda de una sociedad más justa”.
Incluso, atribuyeron esta acción a una venganza ante las megaprotestas que hubo en 2018 en su contra, pues desde esa fecha Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, arremetieron contra el sector al acotar sus oportunidades de desarrollo, pues también capturó a líderes estudiantiles rivales.
Y después de mediodía el plantel cerró mientras decenas de maestros salían con bolsas y cajas en las que alcanzaron a recuperar algunas pertenencias antes de que la sede quede en manos del poder.
