El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala revocó la inhabilitación contra el Movimiento Semilla tras dos semanas de jaloneos entre autoridades judiciales y la fuerza que ganó la presidencia el pasado 20 de agosto.
Un día antes de arrancar formalmente la transición, según el cronograma del mandatario Alejandro Giammattei, el pleno de magistrados de ese órgano notificó que queda “en suspenso” la medida impuesta por el Registro Ciudadano contra el partido acusado de falsificar firmas y lavado de dinero para su formación al evidenciar una fase de “mucha conflictividad” y actos irrazonables derivados de un caso judicial y no electoral, pues fue solicitada por el juez Fredy Orellana.
El TSE refirió en un video que busca garantizar la democracia y estabilidad, al exponer que el Registro encabezado por Ramiro Muñoz atentó contra el sistema electoral, pues no acató un amparo y aún no concluye el proceso electoral. Bases que hacen improcedente la suspensión aplicada desde la semana pasada contra el recurso promovido por el presidente electo, Bernardo Arévalo, según la magistrada presidenta Irma Palencia y los funcionarios Ranulfo Rojas, Blanca Alfaro, Gabriel Aguilera y Marco Cornejo, así como el secretario Mario Velázquez.
Y es que Semilla ya anticipaba una embestida, pues acusó que desde la primera vuelta —en la que sorpresivamente quedó en segundo lugar— el fiscal contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, intentó dejarlos fuera, lo que en semanas recientes derivó en una doble contención contra Arévalo y aliados al retirarles temporalmente la personalidad jurídica y desconocer a sus legisladores como bancada en el Congreso, pese al recurso ante la Corte Suprema de Justicia.
Por ello, el Tribunal demandó a gobierno federal dejar atrás esta crisis, denunciada por la comunidad global, y exhortó a los tres poderes del Estado a respetar la voluntad en las urnas y “garantizar la alternabilidad del poder”, lo que deja entrever anomalías para presionar al ganador, pues recalcó que el resultado presidencial no puede ser anulado.
Según el documento filtrado por la prensa local no había razón para “exponer la vigencia de las organizaciones políticas mientras no concluya el proceso electoral”, al enfatizar que dicho plazo termina hasta el 31 de octubre.
Además, estableció que con dicha resolución el Registro ignoró las bases jurídicas, pues la medida no se relaciona directamente con los comicios, sino con la orden de un juez, que Semilla insiste proviene del Ministerio Público, a cargo de Consuelo Parras, y del fiscal Curruchiche, ambos sancionados por Estados Unidos por presunta corrupción.
Lo que recuerda que la indagatoria en su contra comenzó desde la primera vuelta, pero la inhabilitación se concretó varias semanas después en un escenario político crítico, que ya amenaza la estabilidad guatemalteca, según denuncias desde el extranjero.
Pese a los jaloneos, Semilla recuperó su estatus, o al menos por los próximos meses. Y de inmediato celebró al destacar que sigue firme en lograr el cambio en una nación golpeada por la corrupción de administraciones anteriores al señalar que “retomamos todas nuestras atribuciones como partido político y podremos continuar con todas nuestras labores tanto partidarias como de @BancadaSemilla”, según una publicación en X —antes Twitter—. Y enmarca su plan para acabar con la impunidad, hecho que insisten se ha convertido en una clara amenaza para los fiscales, quienes insisten en evitar que ese partido asuma el poder en enero próximo.
No obstante, no descartan que en las próximas semanas o al concluir el proceso la Fiscalía, el juez Orellana y el Registro aumenten el asedio contra la fuerza opositora, lo que anticipa más tensiones y un largo estira y afloja a cuatro meses del cambio de poder.
Muestra de ello es la postura de la comunidad internacional que advirtió del riesgo democrático por una severa “alteración del orden constitucional”, según declaraciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en clara referencia al MP guatemalteco, que al cierre de esta edición no respondió a los señalamientos, luego de defenderse el fin de semana de una supuesta “campaña de desinformación” en su contra. Incluso fue señalado de pretender orquestar un golpe de Estado desde el poder contra Arévalo, lo que el fin de semana desató múltiples protestas en las que disidentes acusaron al gobierno y algunas instituciones de “golpistas”, al no respetar el resultado de hace dos semanas.