Un juez federal ordenó al gobierno de Texas remover las boyas flotantes del río Grande, un revés a la política antimigrante de Greg Abbott para contener los cruces irregulares ante el supuesto desinterés del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por lo que prevé apelar.
A más de un mes de que el Departamento de Justicia demandara al estado por la estructura que amenaza la seguridad nacional, el juez de Distrito David Ezra advirtió del riesgo en la relación con México y recomendó reubicar la estructura en tierra, a orillas del río, a más tardar el 15 de septiembre, que coincide con el Grito de Independencia en México.
Con ello la gestión local tiene nueve días para atender la resolución ante la polémica estrategia en Eagle Pass, con la que el mandatario republicano busca disuadir a quienes intentan ingresar ilegalmente a ese territorio, aunque no se adelantaron consecuencias si no cumple.
El magistrado recalcó que la situación escaló a una “tremenda tensión” bilateral, según el documento al que tuvo acceso Reuters, lo que recuerda que México presentó tres quejas diplomáticas a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para el retiro inmediato del muro ilegal, hecho que se agravó tras la recuperación de un cuerpo en éste, tema en el que el Departamento de Seguridad estatal descartó responsabilidad al aclarar que la víctima se ahogó y luego cayó en dicha estructura.
Ante el riesgo de empeorar la relación con el socio y vecino, Ezra instó a Texas a corregir la medida criticada por activistas, luego de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador recriminó incluso que más de la mitad de la barrera rebasaba los límites fronterizos.
Ezra precisó que, Texas no ha demostrado la supuesta efectividad del uso de estas boyas, que fueron reforzadas con otras acciones como el uso de alambre de púas, como parte de la de por sí cuestionada “Operación Estrella Solitaria” (“Lone Star”), por lo que prohibió aplicar contenciones similares, pues instaló dichas boyas sin el permiso de la Federación, al alegar que no lo necesitaba por ser un tema de ámbito local.
No hay “prueba convincente de que la barrera haya reducido significativamente la inmigración ilegal”, sostuvo el juez al indicar que la gestión de Abbott —quien trata de recuperar políticas de la era Donald Trump— no entregó resultados.
En contraste, la actualización de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) evidenció que no rindió frutos, pues el arresto de irregulares en la frontera repuntó 26 por ciento en el último mes, al pasar de 144 mil capturas a 183 mil.
Además, en la revisión por cruces sólo en Texas destaca que tres de estos cinco espacios tuvieron aumentos.
El margen que más se disparó fue río Grande con 131 por ciento en comparación con el mes previo, al pasar de 11 mil en junio pasado a 26 mil en julio; mientras que en El Paso y Laredo el incremento fue de 24 y 26 por ciento, con diferencias de entre tres mil 200 y 500 aprehensiones, respectivamente.
Además sólo dos zonas, Big Bend y Del Río, vieron una reducción en la materia, pero por el mínimo con apenas ocho o 119 capturas de diferencia, lo que ratifica que el estado no tiene motivos para mantener el uso del muro en cuestión, pese a sus “impresionantes” argumentos.
Tras conocer la decisión, Abbott aseveró que apelará ante el Tribunal correspondiente del Quinto Circuito, pues está listo para “llevar esta pelea a la Corte Suprema”, declaración que asemeja al reto que lanzó al jefe de Estado en julio pasado, cuando éste lo demandó por las acciones que también obstaculizan la navegación local.
A través de su cuenta de X, el aliado de Trump dejó en claro su negativa a echar atrás la barrera al sostener que la resolución es “incorrecta”, pues en vez de responder a una emergencia sólo prolonga la desidia del gobierno para actuar y frenar definitivamente este problema, debido a su política de fronteras abiertas.
Y Abbott refrendó su poder, como gobierno estatal, para “asegurar la frontera, defender la autoridad soberana y proteger las vidas del caos” que atribuyó al líder demócrata, pues reiteró que no necesitaba permiso, al contradecir al gobierno federal y desafiar a las autoridades mexicanas. Tema en el que la fiscal adjunta, Vanita Gupta, celebró la resolución al detallar que ésta “complace” la ruta del gobierno federal.
Pero el gobernador descartó cambiar de parecer ante las acciones para reforzar la línea fronteriza contra el arribo de cientos o miles de extranjeros irregulares, a los que tacha de criminales e invasores.
JVR
