A dos días de que el primer ministro de Portugal, António Costa, presentó su dimisión tras un escándalo de corrupción, el presidente Marcelo Rebelo de Sousa disolvió la Asamblea y convocó a elecciones anticipadas para el 10 de marzo del próximo año.
En una reunión, el líder señaló que la propuesta de los socialistas de mantener el actual Gobierno con un premier interino no era la solución para resolver la crisis política, ligada a tráfico de influencias por negocios de litio e hidrógeno.
Explicó que esta opción supondría poner al frente a otro funcionario “no legitimado política y personalmente por el voto popular” y agregó que existe el riesgo de que esta debilidad se traduzca en un mero aplazamiento de la disolución, hasta un momento peor, con una situación más crítica e impredecible.
Su postura provocó diversas reacciones. El primero fue el ministro del Interior, José Luís Carneiro, uno de los perfiles que más suenan para sustituir a Costa junto con el diputado Pedro Nuno Santos, quien subrayó que ahora tienen el deber de constituir una voz de estabilidad, confianza y de credibilidad.
La principal fuerza de oposición, el Partido de la Social Democracia (PSD) respaldó la medida de Rebelo de Sousa al calificarla de un hecho “inevitable”.
Al respecto, su líder Luis Montenegro señaló que ésta es la forma de restaurar el “prestigio” de las instituciones después de los últimos acontecimientos.
Por separado, el Bloque de Izquierda (BE, por sus siglas en portugués) lamentó la decisión de tener que votar, pues no responden a las necesidades reales de los portugueses, pues Lisboa volverá a las urnas a sólo dos años de los comicios legislativas que le dieron una histórica mayoría absoluta al Partido Socialista en enero de 2022 y su tercer mandato a Costa.
