La amnistía pactada entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Junts beneficia a 382 personas ligadas al referéndum catalán y a actos inconstitucionales en casi 11 años, con lo que Pedro Sánchez define la ruta para su segundo mandato.
Al término de la negociación con fuerzas políticas según la Moncloa, la líder del Parlamento, Francina Armengol, confirmó que el primer intento para investirlo será mañana al abrir el debate, pero prevé la votación hasta el 16 de noviembre.
Proceso en el que el izquierdista estima superar por tres sufragios la mayoría (176) gracias a alianzas con los partidos más pequeños, tras el doble fracaso de la derecha en septiembre pasado, debido a su cercanía con los extremistas de Vox.
Al confirmarse las fechas, el Ejecutivo presentó oficialmente la ley de amnistía a delitos de secesión, usurpación de funciones, malversación y desobediencia tras los planes de separación de 2014 y del 1-O en 2017, lo que abarca desde el 1 de enero de 2012 hasta el pasado 13 de noviembre y deja fuera cargos de terrorismo y traición.
La Moncloa sostiene que con este paso se abre una fase de “reconciliación” para superar las tensiones con independentistas y mejorar la convivencia nacional, pese a las críticas de los conservadores.
Según la argumentación en más de 20 páginas el objetivo del acuerdo con Carles Puigdemont es “superar y encauzar conflictos políticos”, pues Madrid admite que evadir el choque que arrastran desde 2012 generará consecuencias graves a futuro.
Incluso, contradice a la oposición al afirmar que el acercamiento a la causa catalana garantiza un punto de inflexión, entre la conciliación y la transición democrática, ante lo que el Partido Popular (PP) y Vox reiteraron que mantendrán las movilizaciones contra el “perdón”, que ayer cumplieron 11 días, para evitar la división al reiterar que el plan del Gobierno es una amenaza al abrir la puerta a la impunidad, pues deja en claro que la corrupción ya no es un delito al fijar un plazo de dos meses para cerrar todas las causas independentistas.
Y es que, pese a las advertencias de una escalada, Sánchez respaldó la amnistía para aliviar la persecución a los encausados como Puigdemont y decenas de aliados del hombre que lleva seis años exiliado en Bruselas, como el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y rebeldes.
Dicha legislación prevé la liberación inmediata de los separatistas, el retiro de medidas cautelares y la eliminación de antecedentes penales y órdenes de captura y extradición, acorde al marco legal, de acuerdo con el ministro de la presidencia, Félix Bolaños. Con lo que anticipan el retorno de Puigdemont, posiblemente después de la investidura.
Y España enfatizó que tal cambio no implica indemnizaciones a los acusados o condenados, ni la restitución de multas o sanciones económicas, mientras crecen las críticas, pues la Policía Nacional denunció que se beneficia más a golpistas que a agentes que se jugaron la vida en el referéndum, pues muchos de ellos no alcanzan amnistía.
En dicha ruta, no todo avanza según el plan de la izquierda. El PSOE planeó registrar la ley junto a sus aliados, pero, al final, acudió en solitario a entregar el borrador por la ausencia de éstos y la firma faltante de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), que critica que se deje fuera actos terroristas.
Además, las dudas persisten a nivel local y regional, pues opositores y hasta el Tribunal Supremo se resisten a apoyar este “perdón”, mientras que la Unión Europea (UE) externó públicamente su preocupación por el alcance del proyecto.
Al respecto, el órgano judicial calificó de “incompatible” el cambio, pues rebasa la división de poderes, por lo que exhortó a Sánchez a “preservar la independencia judicial”, pues aún hay un cúmulo de investigaciones contra los llamados procés.
Por separado, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, adelantó que no desistirá de su plan para evitar el “gobierno comprado” y alistan más protestas como la décimo primera jornada de ayer en la que mil 200 disidentes protestaron afuera de la sede socialista en la capital del país, a la que se sumaron el dirigente de Vox, Santiago Abascal, y el polémico conductor estadounidense Tucker Carlson. Y adelantó que hará campaña en los próximos días para hacer visible las anomalías gubernamentales de un acto en el que no se consultó a los españoles.
Postura que respaldó su vicesecretario, Miguel Tellado, quien insistió que la única opción que queda para recuperar al país es convocar a nuevas elecciones, en las que aseguró que Pedro Sánchez no podrá ver a los ojos a los votantes.
