Pese a críticas en Perú y la exigencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) a frenar la excarcelación, el dictador Alberto Fujimori fue liberado ayer, cuando aún le quedaba por purgar casi una década de una condena de 25 años.
Un día después de que el Tribunal Constitucional ordenó su “inmediata liberación” al validar un indulto humanitario de 2017, el exmandatario abandonó el penal de Barbadillo sin obstáculos, pues el Gobierno de Dina Boluarte recalcó que acataría la resolución.
Ahí se vio al político de 85 años con cubrebocas y oxígeno, por problemas de salud, quien de inmediato abrazó a sus hijos Keiko y Kenji y se despidió del personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que declaró que no había impedimentos para proceder con la decisión de tres magistrados, pese a que Fujimori adeuda más de 260 millones de pesos (57 millones de soles) en reparación del daño, según el diario Correo por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta.
Ante el júbilo familiar, sus críticos afirman que en poco tiempo quien usó a un escuadrón militar para acabar con sus detractores en los 90 volverá a prisión, pero ésta resaltó que después de años se hizo justicia y su padre vuelve a casa, y hasta elogiaron su resistencia y entereza.
Tras el triunfo cuestionado por gran parte de la población, el creador del fujimorismo, quien lució camisa azul de manga larga y chaleco negro, fue trasladado a la residencia de su primogénita en una camioneta junto a dos de sus hijos y su abogado, Elio Riera, quien falló en el pronóstico de liberación, pues adelantó que sería al mediodía, pero por los trámites se concretó varias horas después.
El camino a San Borja —más de 10 kilómetros— fue “largo y doloroso”, según Keiko, quien siguió los pasos de su padre en la política, pero comentó que se pone fin a la principal preocupación: su salud, al recordar que sufrió un infarto y varias operaciones en los últimos años.
Tras instalarse en casa, sus hijos salieron ante el tumulto que buscaba las primeras impresiones de la familia tras recibirlo en casa a 14 años de su sentencia.
“En nuestro corazón no cabe ni odio ni rencor sólo gratitud”, apuntó la mayor de sus hijos, quien se disculpó con sus vecinos por el alboroto desatado, pues simpatizantes externaron su apoyo y la prensa se aglomeró en la zona para captar el retorno de Fujimori, ante la ausencia de sus otros hijos, Sachi y Hiro, quienes están en Alemania y Japón, respectivamente.
Con ayuda de un megáfono, Keiko y Kenji agradecieron al expresidente Pedro Pablo Kuczynski —quien tuvo la cuarta gestión más corta en la última década—, como artífice de este acto, pues fue quien indultó a su padre hace seis años.
Ambos alardearon del momento tras meses de incertidumbre. Keiko sostuvo que después de años “Esta Navidad finalmente será diferente, de unión” y envió un mensaje a quienes desafiaron al poder, que quería a Fujimori tras las rejas.
Mensajes que contrastan con la petición de la CorteIDH que al conocer la determinación de un tribunal peruano solicitó a la nación impedir tal acción para garantizar la justicia en el país, pues la orden ignora a las víctimas.
En un comunicado, el organismo solicitó al Estado “se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional de Perú” por ir en contra de la petición de hace un año de indagar y aplica sanciones por esos homicidios, mientras evalúa el reciente fallo, pero ello no tuvo ningún impacto para revertir la resolución.
Incluso se expusieron anomalías, pues un magistrado denunció que se trató de un acto con celeridad inusual, pues ni siquiera fue convocado por el pleno.
César Ochoa Cardich relató a Epicentro TV que en tal votación excluyeron a quienes la vez pasada votaron en contra y comentó que se enteró de la orden de liberación por los medios de comunicación, lo que provocó críticas ante el rechazo total a la excarcelación, pues hasta el cardenal, Pedro Barreto, resumió la acción como una “cachetada” al pueblo.
Sin embargo, los opositores de Fujimori advierten que el destino del dictador aún no se define, pues es la segunda vez que lo liberan, pero ya volvió a la cárcel.
Congresistas denunciaron a los magistrados involucrados por la acción “ilegal”, en referencia a un presunto pacto de impunidad en favor de quien, como Ejecutivo, violó los derechos humanos del pueblo, cometió secuestros y fue acusado de corrupción y delitos de lesa humanidad.
Mientras que la Fiscalía pidió prisión domiciliaria en contra del recién liberado por la matanza de Pativilca, cuyo juicio está previsto para el próximo 18 de diciembre. La petición fue promovida por la titular de la Segunda Fiscalía Superior Penal, Raquel Cárdenas, y no descarta que sea llamado a comparecer periódicamente ante el riesgo de fuga, tema que atajó su abogado al sostener que por su condición casi terminal, quien luchó contra el terrorismo no planea abandonar la nación.
