Greg Abbott, gobernador de Texas, firmó la ambiciosa ley SB4 y una de las más duras en Estados Unidos para disuadir la migración irregular y fortalecer la Operación Lone Star, en un franco desafío al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a quien acusa de inacción.
Desde Brownsville, a sólo unos pasos del muro fronterizo y en el Día Internacional del Migrante, el republicano promulgó la medida que autoriza a policías locales y estatales a arrestar a quienes crucen ilegalmente o bajo sospecha de irrumpir por México en busca del llamado sueño americano.
Con ello, recalcó que hará lo posible por defender la región y garantizar la seguridad que le niega el Estado ante el riesgo que representa la política de fronteras abiertas del líder demócrata, a unos meses de redoblar la contención al enviar indiscriminadamente cientos de camiones con hasta 65 mil indocumentados a otras entidades para presionar cambios a nivel federal.
La nueva estrategia, respaldada por el Congreso estatal desde noviembre pasado y que entra en vigor en marzo de 2024, pone bajo el radar a residentes legales. Y es que los cambios no distinguen entre infractores y locales que no comprueben su estancia.
Tema en el que destaca que hasta 40 por ciento de los texanos es de origen latino, según registros estatales y de medios, lo que estiman aumentará el estigma y actos racistas en su contra, como advirtieron varios activistas, pues sus rasgos físicos y hasta tono de piel serían motivo suficiente para que los oficiales los acosen al pedirles sus documentos para confirmar su estatus legal en EU, sin importar si se trata de solicitantes de asilo o personas en riesgo.
Y resalta que la ley aprobada en noviembre pasado y que entrará en vigor hasta marzo el 2024, en año electoral, excluye lugares para perseguir o rastrear a presuntos ilegales, como escuelas, centros de culto y hospitales, lo que recuerda que algunos templos son usados como refugio y hace que personas en riesgo los cataloguen como seguros, pues la contención se reforzará no sólo en la frontera sino en todo el estado.
Ello implica que si son vistos incluso en los puntos más lejanos a los límites con México como Perryton y Dalhart, a más de mil 100 kilómetros, distancia similar a la que separa a la Ciudad de México de Monterrey, igual podrían ser capturados y estar en riesgo de deportación.
Situación que anticipa uno de los años más críticos en la materia, pues al confirmarse su ilegalidad serían detenidos y forzados a aceptar bajo custodia su devolución inmediata a México para evitar terminar en prisión.
Ello sin importar que no sean de la nación vecina, por el simple hecho de ingresar a través de ésta. Estrategia que apoyan jueces al acelerar los trámites de expulsión sin juicios de por medio, especialmente cuando se trate de reincidentes, con base en informes locales y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).
Pero también se prevén multas de dos mil dólares y penas de prisión de entre dos y hasta 20 años al recalcar que con estos ajustes Texas considera un delito irrumpir ilegalmente.
Además, se convierte en una de las entidades más estrictas, luego de que hace tiempo los migrantes detenidos eran juzgados por presunta invasión a la propiedad privada, pues Abbott —reelegido en 2022— ha tachado a ese sector de “invasores” y “criminales”, reproduciendo la retórica del exmandatario Donald Trump, quien comenzó a construir un muro fronterizo, hecho por el que algunos consideran que el texano sería una buena opción para ser su vicepresidente en caso de regresar a la Casa Blanca para un segundo mandato.
Días después de que su aliado y favorito a la nominación presidencial acusara a los extranjeros irregulares de “envenenar la sangre” del país, Abbott mostró su contención decisiva para frenar las oleadas migratorias por las que el último año fiscal ingresaron más de 2.4 millones.
Al respecto, el mandatario acompañado de su gabinete recriminó que éstos cada vez provienen de más naciones, pues señaló que los chinos ocuparon un lugar importante el último año con hasta 24 mil arrestos, luego de que el magnate Trump señalara que en los últimos meses hay más asiáticos y africanos tratando de llegar a EU.
Asimismo, durante la ronda de preguntas culpó al presidente de México, Andrés Manuel Lopez Obrador de la crisis al sostener que es parte del problema, criticando la nula contención desde la frontera sur con Centroamérica.
No obstante, quien también busca más recursos para engrosar sus políticas migratorias minimizó su postura al señalar que ese vecino no puede solo para frenar las oleadas que saturan la frontera con EU, lo que recuerda que miles de sudamericanos y centroamericanos aguardan en estados de la ruta migratoria por su respuesta de asilo.
La ley SB4 amenaza con aumentar las batallas legales en la entidad, como ocurrió con las órdenes y reveses para retirar sus polémicas barreras con boyas en el Río Bravo y hasta con alambre de púas.
Por ello, activistas de la nación se dicen listos para dar pelea al republicano. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) busca echar atrás la ley que reemplaza una legislación federal de manera extrema, pues su dirigente y exdiplomática Oni Blair, tachó de inconstitucional la ley, ante el acoso y perfilamiento racial.