Ni el Estado de excepción ni la guerra al narco en Ecuador frenan la violencia, pues sigue la espiral crítica, panorama en el que Human Rights Watch (HRW) alertó por posibles abusos en el combate a más de 20 grupos terroristas.
Mientras las calles de la nación, principalmente en Guayaquil el mayor foco rojo, lucen casi desiertas, reportaron nuevos incidentes, como un incendio provocado, una amenaza de bomba y el aumento de funcionarios retenidos en siete centros penitenciarios.
La Policía y medios informaron que poco antes del toque de queda del pasado 10 de enero criminales lanzaron explosivos a la discoteca El Coca, en Orellana, lo que desató un fuerte incendio cerca de las oficinas del Gobierno local.
Lamentablemente, pese a la pronta respuesta, pues casi no hay autos en las calles, se confirmó un saldo de tres muertos, nueve heridos y negocios afectados.
Pero hasta el cierre de esta edición no se identificó al grupo de entre 22 bandas que operan en hasta 20 provincias como el perpetrador o si alguna víctima se relaciona con cárteles que detonaron el régimen de excepción por 60 días tras la fuga de los máximos capos José Adolfo Macías, Fito, de Los Choneros, y Fabricio Colón, de Los Lobos.
Horas después, pese a que medios dijeron que fue una alerta falsa, la Policía Nacional detalló que detonó de manera controlada un artefacto explosivo en el puente de Guajaló mientras la población sigue bajo resguardo en casa.
En redes sociales compartió imágenes de un experto con traje especial al neutralizar el material con el que criminales pretendían avivar la violencia, lo que mantiene a la población en alerta ante una escalada por el “conflicto armado interno” entre el Gobierno y cárteles de tráfico de drogas, en alianza con narcos en México y Albania, homicidio, secuestro y hasta extorsión, según un informe.
Pese a los incidentes, las Fuerzas Armadas ratificaron su plan de recuperar la paz sin ceder ante el narco, que insiste en imponer sus condiciones, proceso en el que aprehendieron a 18 más, entre ellos miembros de Los Tiguerones y liberaron a servidores retenidos.
No obstante, el Ejecutivo admitió que en las últimas horas se identificó a otros 40 secuestrados más entre policías y personal administrativo con lo que suman 178 en Ambato, Cañar, Esmeraldas, Latacunga, Loja, Machala y Turi.
Y aseguran que los retornarán a salvo tras la difusión de videos en los que piden ayuda y mientras sus familiares exigen medidas urgentes, pues están por cumplir una semana sin saber de ellos.
Al respecto, el líder sudamericano ratificó que no cederá en la contención, al abundar que se requieren leyes más duras y jueces honestos. Y horas después de adelantar que se colocaría la primera piedra de la megacárcel sólo presentó el proyecto para Pastaza, que prevé concluir a más tardar en 11 meses. Ahí habilitarán 200 celdas de alta, máxima y supermáxima seguridad, lo que criticó HRW, pues ni esas edificaciones ni la declaración de guerra son la respuesta, mientras Perú y Colombia reforzaron con cientos de militares sus fronteras.
Ante fuertes antecedentes y el debilitamiento institucional como masacres carcelarias cada cuatro meses y un promedio de 120 víctimas letales en éstas al año, la peor tasa de homicidios al pasar de 13 a 43 por cada 100 mil habitantes de 2019 a 2023 y el doble de extorsiones en comparación con 2022, según un informe anual, la directora del organismo para las Américas, Juanita Goebertus, advirtió que sólo habrá más violencia y una ola de abusos, que se suma al reclutamiento de cárteles y al panorama económico crítico, pues S&P Global Ratings bajó su calificación a B- por la deuda, las políticas insuficientes y la erosión fiscal.
Por ello, ante severas redadas y controles en los que militares revisan tatuajes de residentes para verificar posible nexo con terroristas, HRW enfatizó en un evento en Brasil que ésta no es la respuesta, mucho menos cuando Ecuador es una de las tres naciones latinas más violentas, junto a Venezuela y Honduras, según declaraciones que dio al presentar el informe anual regional.
Pese a las críticas incluso en el país por el riesgo de mayor criminalidad, el líder ecuatoriano refrendó la ruta por la seguridad carcelaria, pues su plan es comparado con el sistema que impuso su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, tras un severo Estado de excepción contra las pandillas, hecho que ironizó al señalar que será del agrado de los “bukelovers”.
Asimismo, el Ejecutivo recalcó su rotundo rechazo a negociar con terroristas al advertir que Ecuador “está harto” de que éstos impongan sus condiciones, pues durante una entrevista con FM Mundo se difundió un video de 45 segundos del prófugo Fabricio Colón, para pedir protección al justificar que huyó tras amenazas de muerte. Pero el líder minimizó su mensaje y asestó que nadie le impide entregarse y que el miedo no le ganará al país.
