Más de 600 organizaciones y ciudadanos exigieron al régimen de Nicolás Maduro liberar a la opositora Rocío San Miguel, acusada de conspirar para matar al presidente de Venezuela.
Horas después de que la Fiscalía vinculara a la defensora de los derechos humanos con la supuesta operación “Brazalete Blanco”, líderes en el país y el mundo aumentaron el repudio contra esa nación al denunciar una escalada en la represión sistemática a disidentes, pues se confirmó que también fueron detenidos familiares de la nueva víctima de Caracas.
De acuerdo con declaraciones de Juan González, abogado de San Miguel, tras horas de buscar a su hija al advertir que fue víctima de una desaparición forzada por el Estado, se corroboró que Miranda Díaz también fue capturada, igual que Miguel y Alberto San Miguel, hermanos de Rocío; Víctor Díaz, padre de Miranda, y Alejandro González, expareja de la directora de la organización Control Ciudadano. Sin embargo, hasta el momento se desconoce el paradero de ellos y qué delitos les imputan, pero se sospecha que serían implicados en la trama que pretendía atentar contra Maduro.
No obstante, organizaciones alzaron la voz contra esta evidente persecución, al enfatizar que existían medidas cautelares para proteger a la abogada. Al respecto, el secretario de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, cuestionó los arrestos arbitrarios y “atropellos injustificables” con los que criminaliza a una figura clave del país.
