El más reciente bloqueo a la ley antimigrante en Texas, Estados Unidos, no detiene al gobernador, Greg Abbott, quien aseveró que con o sin la polémica norma SB4 sí habrá arrestos.
Mientras el Quinto Circuito de Apelaciones en Nueva Orleans debate la implementación de la legislación que criminaliza la migración, el republicano enfatizó que la entidad “continúa arrestando a ilegales”, en un claro desafío a la administración de Joe Biden, que apeló la dura contención.
Abbott dejó en claro que, pese a los intentos de congelar la medida que amplía el poder a sus fuerzas del orden para aprehender y expulsar a quienes llama “invasores”, hay otras vías para repelerlos, como cargos por allanamiento de morada, pues reveló en su cuenta de X que suman 41 mil capturas por ese delito.
Agregó que además de la legislación para reforzar la Operación Estrella Solitaria (Lone Star) su Gobierno también construye un muro fronterizo y cuenta con la Guardia Nacional para instalar boyas y alambre de púas en el río Bravo para sellar la frontera ante la política de fronteras abiertas del presidente, quien busca la reelección en la Casa Blanca.
Sin embargo, el líder antimigrante y aliado del nominado por el Partido Republicano a la presidencia, Donald Trump, no detalló en qué periodo se realizaron las aprehensiones ni qué sectores participaron, pero resalta que la cifra es casi la cuarta parte de todos los arrestos en los límites con México de enero pasado, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).
Información que tiene bajo reserva igual que cómo y a dónde deportará a quienes sean detenidos con una de las leyes más extremas en ese país, pues México advirtió que no recibirá a retornados.
Hecho que tampoco pudo justificar el abogado estatal, Aaron Lloyd Nielsen, pues según el diario Texas Tribune éste admitió que tampoco lo sabía mientras prevalece la división en el tribunal de apelaciones y entre activistas, sector que denunció que la ley no resuelve la crisis, sólo agrava la discriminación contra comunidades hispanas y de raza negra y promueve la separación de familias con una contención muy drástica.
Y es que día después del nuevo freno, los tres jueces asignados a la apelación contra la norma que presuntamente viola atribuciones de la Federación, Priscilla Richman, Irma Carrillo Ramírez y Andrew Oldham, retomaron el debate sin claridad de cuándo se emitirá un fallo.
En punto de las 11:00 horas (tiempo de Luisiana) los funcionarios nombrados bajo las gestiones de Biden, Trump y George W. Bush escucharon los argumentos, pero no llegaron a una resolución al admitir dudas de cómo aplicará Texas la controvertida ley promulgada oficialmente el Día del Migrante, el pasado 18 de diciembre.
Tema que ni el procurador resolvió en su intento por defender la entrada en vigor de ésta. Según agencias y medios estadounidenses, reconoció que carece de información de a quién o qué sector entregarán a los detenidos bajo sospecha de irrumpir ilegalmente.
Hecho que ironizó el excanciller mexicano Marcelo Ebrard al comentar que durante la audiencia de ayer el funcionario texano dijo que podrían entregarlos al Gobierno federal, evidenciando que no hay un plan real, por lo que cuestionó “¿entonces para qué la ley?”.
Mientras que organizaciones civiles recalcaron que en vez de abordar el problema desatará caos y roces con México en un escenario partidista y electorero, pues tanto Biden como Trump hicieron de la migración una prioridad de cara a la revancha presidencial del próximo 5 de noviembre.
Y la norma SB4 sigue en suspenso, sin plazos específicos, lo que recuerda que el juez de la Corte Suprema Samuel Alito fijó un periodo indefinido para dar su postura lo que no ocurrió, pues dicho sector devolvió el caso al tribunal menor declarándola válida, pero esa última instancia la echó atrás, en un ligero triunfo para migrantes y defensores del sector.
En tanto, Texas busca la manera de poner en marcha la cuestionada medida, luego de que Abbott alardeara que durante su gestión ningún ilegal pasaría, gracias a la vigilancia 24 por 7 de la Guardia Nacional.
Al respecto, se reportó que aliados de éste exigieron al tribunal de apelaciones destrabar el proyecto al sostener que con ello se recuperará el control de la frontera, ante la negativa de la Federación a reforzar la zona, en medio de récords de cruces, mientras ambos partidos se echan la culpa por la falta de acciones y recursos para reforzar a la Patrulla Fronteriza y otras agencias encargadas de vigilar y hacer cumplir la ley.
