Tras varios choques por la expansión de la banda criminal Tren de Aragua, Chile escaló su afrenta con Venezuela.
A sólo unos días de calificar de “insulto” que el canciller de Nicolás Maduro, Yván Gil, negara la existencia de la organización de talla transnacional, el presidente andino Gabriel Boric llamó a consultas a su embajador, Jaime Gazmuri, al aumentar el tono de reclamo a la región donde surgió ésta.
Explicó que el objetivo es recabar información sobre la situación actual para “proteger los intereses y la seguridad de nuestros ciudadanos”, al remarcar que la postura de Caracas es incluso irresponsable, especialmente al recordar que ese grupo ligado al narcotráfico se creó en las cárceles de Venezuela.
Y es que dicha agrupación es señalada a nivel global por delitos como tráfico de drogas, extorsión, secuestro, sicariato, homicidio y trata de personas, entre otros, de acuerdo con Transparencia Venezuela, hecho por el que Santiago atribuyó el aumento de la inseguridad y violencia en los últimos años en su territorio a dichas células.
Además, resalta que en menos de una década esa organización amplió su poder en otros seis países latinos, entre éstos Colombia, Brasil y Ecuador.
En respuesta la autoridad venezolana admitió que el último año el Tren de Aragua alcanzó un mayor dominio en sus prisiones desde donde operaban para dar órdenes afuera. Ante lo que el chavismo intervino esas instalaciones y aseguró que desmanteló varios grupos, para recuperar el orden y la seguridad penitenciaria sin dar información sobre esa expansión, lo que recuerda que Estados Unidos ha vinculado a funcionarios de Caracas con tráfico de estupefacientes.
Ante esta situación, Boric puntualizó a través de su red social X que la “falta de reconocimiento de una realidad que es evidente y probada no sólo demuestra una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, sino que también demuestra una negativa a abordar de manera efectiva los problemas transnacionales”, acusando a Maduro y aliados de evadir esa responsabilidad.
Postura con la que aumenta no sólo el choque naciones, sino al interior del país, pues la oposición presiona al Ejecutivo chileno en temas delictivos ligados a Venezuela, así como de migración y seguridad pública, en los que ambas naciones acordaron desde 2023 normas para facilitar la expulsión y repatriación de presuntos ilegales.
