España reabrió la investigación por el presunto espionaje contra el presidente Pedro Sánchez y varios integrantes de su gabinete en 2021.
Sin abundar en nuevas pistas, la Audiencia Nacional solicitó una investigación más a fondo por el hackeo del caso Pegasus por orden del juez José Luis Calama con miras a dar con quién o quiénes están detrás de esa ilegalidad.
Esto luego de que Francia, encontrara nueva información sobre la empresa NSO, encargada del desarrollo y comercio del programa de espionaje, misma que en el pasado vendía exclusivamente a Estados ese sistema.
Ello permitió que la nación ibérica solicitara un informe pericial al Centro Criptológico Nacional para comparar los elementos técnicos recogidos en el país y por el gobierno galo para determinar la autoría de los ataques informáticos, aunque hasta el momento se desconoce a qué tipo de información tuvieron acceso.
Y es que según la prensa ese hackeo creó una infraestructura que pudo ser usada para atrapar varios números, lo que facilitaría identificar una única fuente de infestación, luego de que el Congreso español archivara la causa por la falta de cooperación de Israel, país de donde es originaria la firma de espionaje; pero ahora esperan avanzar en la identificación de los hackers de los teléfonos del también líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y sus aliados.