Julian Assange, fundador de WikiLeaks, recuperó este martes su libertad después de comparecer ante un tribunal de Estados Unidos y declararse culpable por publicar secretos militares, como parte de un acuerdo establecido.
Después de la audiencia, celebrada en las Islas Marianas del Norte, se espera que Assange vuele rumbo a Australia.
El acuerdo representa el capítulo final de una odisea legal de más de una década sobre el destino del fundador de WikiLeaks, cuyo popular sitio web para compartir secretos lo convirtió en una causa celebre entre los defensores de la libertad de prensa.
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Assange abandonó la prisión de Belmarsh en Reino Unido el lunes antes de ser puesto en libertad bajo fianza por el Tribunal Superior de Reino Unido y embarcar en un vuelo esa misma tarde, dijo Wikileaks en un comunicado publicado en la red social X.
"Este es el resultado de una campaña mundial en la que han participado organizadores de base, defensores de la libertad de prensa, miembros del parlamento y dirigentes de todo el espectro político, hasta llegar a las Naciones Unidas", dice el comunicado.
WikiLeaks publicó en 2010 cientos de miles de documentos militares clasificados de Estados Unidos sobre las guerras de Washington en Afganistán e Irak -las mayores brechas de seguridad de este tipo en la historia militar de Estados Unidos-, junto con franjas de cables diplomáticos.
Assange fue acusado durante el gobierno de Donald Trump por la publicación masiva de documentos secretos estadounidenses por parte de WikiLeaks, que fueron filtrados por Chelsea Manning, una exanalista de inteligencia militar estadounidense que también fue procesada en virtud de la Ley de Espionaje.
Los más de 700, 000 documentos incluían cables diplomáticos y relatos del campo de batalla, como un vídeo de 2007 de un helicóptero Apache estadounidense disparando contra presuntos insurgentes en Irak, matando a una docena de personas. Ese vídeo se hizo público en 2010.
Los cargos contra Assange provocaron la indignación de sus numerosos partidarios en todo el mundo, que desde hace tiempo sostienen que Assange, como editor de WikiLeaks, no debería enfrentarse a los cargos que se suelen utilizar contra los empleados de la Administración federal que roban o filtran información.
Muchos defensores de la libertad de prensa han argumentado que acusar penalmente a Assange representa una amenaza para la libertad de expresión.
