Un tribunal de justicia en El Salvador impuso una pena histórica de más de mil 420 años de prisión a un pandillero de la Mara Salvatrucha (MS-13) por delitos cometidos entre 2018 y 2019.
Ángel Geovany Guzmán González fue el acreedor a esta condena tras ser declarado culpable de siete homicidios, 37 casos de extorsión agravadas y 25 de conspiración por asesinato, incluyendo planes contra nueve militares.
En tanto, otro miembro de la estructura criminal, Hugo Alexander Arqueta Bonilla, fue sentenciado a 764 años de cárcel por homicidio agravado, ser miembro de una organización terrorista, extorsión agravada y otros delitos; mientras que Carlos Eduardo Díaz Rodríguez purgará 567 años por delitos similares y la pandillera Ana Ruth Segovia Merino hasta 148 años.
La investigación de la Fiscalía del gobierno de Nayib Bukele reveló que los 48 miembros procesados de la Mara tenían órdenes de asesinar a policías y militares y se identificó que las principales víctimas de extorsión bajo amenaza de muerte eran transportistas y comerciantes de los mercados de San Miguel.
Según el proceso una de las víctimas fue obligada a entregar un monto de 10 mil dólares (180 mil pesos) que la organización usaría para pagar a un abogado que defendiera a los pandilleros detenidos, misma que Estados Unidos incluyó en una lista de organizaciones criminales internacionales y tres años después, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador la declaró terrorista igual que la pandilla Barrio 18.
Se mantiene mano dura de Bukele
Dichas acciones refuerzan la estrategia del presidente Nayib Bukele quien desde marzo de 2022 decretó un extremo estado de excepción como muestra de mano dura contra las pandillas, plan en el que incluso suspendió derechos fundamentales como el de asociación, asistencia legal y conocer las razones de su detención.
Sus acciones buscan poner fin al asedio de más de tres décadas de estos criminales, pues las maras y otras pandillas han mantenido una presencia significativa en comunidades pobres con actividades ilícitas como el narcotráfico.
Según cifras de El Salvador desde esa fecha más de 85 mil personas fueron capturadas y la mayoría permanece en prisión sin una sentencia en su contra, aunque revelaron que hasta siete mil fueron liberados por falta de pruebas.
JVR
