Un juez federal de Texas pausó el plan del presidente estadounidense, Joe Biden, de garantizar la ciudadanía a migrantes casados con ciudadanos y que llevan más de una década en el país.
La acción responde al desafío de 16 estados —casi la tercera parte del país— para evitar que medio millón de residentes no regularizados consiga su green card, lo que respaldó el magistrado Campbell Barker, quien llegó al cargo en la era de Donald Trump, al justificar que el beneficio “merece un examen más minucioso”.
Con ello queda en suspenso el cambio de estatus en favor de los cónyuges en riesgo de deportación que cumplan ciertos criterios, acto que aplaudió el fiscal general estatal, Ken Paxton, un aliado del gobernador republicano y de carácter antimigrante, Greg Abbott.
La propuesta llamada Parole in place, una especie de beneficio condicional, podría definirse hasta octubre, pues se fijó la segunda semana como límite para presentar sus alegatos, lo que acerca la decisión a las elecciones presidenciales de noviembre.
La impugnación evidencia que ésta es una lucha política entre partidos de cara a los comicios, pues tanto demócratas como republicanos mantienen duros choques en materia fronteriza.
Los primeros pugnan por ampliar las vías legales para ingresar al país y que extranjeros obtengan su residencia permanente para evitar la separación de familias, como ha ratificado el gobierno actual, mientras la oposición insiste en acciones cada vez más duras para cortar de tajo el paso a indocumentados en la frontera, ante el riesgo de un desborde a causa de la política de “fronteras abiertas” de la Casa Blanca.