En Bolivia el expresidente Evo Morales y el gobierno de Luis Arce se enfrascaron en un choque por el supuesto atentado al político investigado por abuso.
Un día después de la agresión escalaron las acusaciones sobre el tiroteo del pasado 27 de octubre. El exlíder mostró en video evidencia de impactos de bala en uno de los vehículos perseguidos, pues no sólo le dieron a la carrocería y cristales, sino que alcanzaron asientos.
Acusó al Estado de orquestar el atentado y armar un “montaje” en el que tardaron 30 horas para culparlo de disparar y retó al poder a investigar y permitir la intervención de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nueva América (ALBA) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), para mostrar al “victimario”, según un mensaje en X.
Pero la nación mantiene la versión de que fue un “autoatentado”, tras la difusión de irregularidades como dos vestimentas diferentes del chofer.
El ministro de gobierno, Eduardo Castillo, se lanzó contra éste por el “teatro” al acusar a su caravana de abrir fuego para evadir una revisión, acto en el que hirió a un agente. Abundó que el incidente fue en un operativo antidrogas, pues sospechan que su equipo transportaba narcóticos y ahora tratan de destruir evidencia; mientras que críticos de Evo Morales advierten que busca huir del país.
