El Tribunal Federal de Apelaciones del Segundo Circuito ratificó este lunes la sentencia que obliga a Donald Trump a pagar 5 millones de dólares a E. Jean Carroll, escritora y excolumnista de una revista, tras ser declarado responsable de agresión sexual y difamación.
La decisión confirma el veredicto emitido en mayo de 2023 por un jurado de Nueva York.
El caso se remonta a un incidente ocurrido en la década de 1990, cuando Carroll acusó a Trump de abusar de ella en un probador de los grandes almacenes Bergdorf Goodman en Manhattan.
Aunque el jurado no consideró que Trump cometiera violación, determinó que el entonces empresario fue responsable de agresión sexual, por lo cual otorgó a Carroll 2,02 millones de dólares por este cargo y 2,98 millones por difamación.
Esta última suma responde a declaraciones de Trump en redes sociales y entrevistas, donde negó los hechos y calificó las acusaciones como una “broma” y una estrategia para promover las memorias de Carroll.
En su apelación, los abogados de Trump argumentaron que el juez permitió al jurado escuchar testimonios de otras mujeres que acusaron al expresidente de conducta sexual inapropiada, así como la reproducción del controvertido video de “Access Hollywood”, donde Trump alardeaba de comportamientos misóginos.
Sin embargo, los jueces concluyeron que no hubo errores significativos en el proceso judicial ni afectaciones a los derechos del acusado.
“El señor Trump no ha demostrado que el tribunal de distrito haya cometido algún error en sus decisiones”, declaró el panel de tres jueces al rechazar el recurso del magnate. Pese a esta resolución, Trump podría llevar el caso al Tribunal Supremo.
La polémica legal no se limita a esta sentencia. En otro juicio civil, Trump fue condenado a pagar 83,3 millones de dólares por difamar a Carroll en 2019, cuando negó las acusaciones iniciales y atacó su credibilidad. Este caso también está en proceso de apelación.
El expresidente, quien recién aseguró su regreso a la Casa Blanca tras ganar un segundo mandato, ha mantenido que las acusaciones son una “cacería de brujas” impulsada por opositores políticos. Su portavoz, Steven Cheung, reiteró que continuarán los recursos legales y que buscan desestimar lo que califican como “persecuciones políticas”.
Este caso revive el debate sobre la posibilidad de litigar contra presidentes en ejercicio por acciones anteriores a su mandato. La Corte Suprema de Estados Unidos determinó en 1997, durante un caso contra Bill Clinton, que los presidentes no están exentos de enfrentar demandas civiles en tribunales federales.
Con información de Reuters y Europa Press.
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