En Argentina se giró una orden de aprehensión contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, por múltiples crímenes y violaciones a los derechos humanos.
Tras una investigación de más de dos años, por una denuncia promovida por el abogado Darío Richarte, el juez Ariel Lijo concluyó que la pareja presidencial es responsable de delitos de asesinatos, desapariciones forzadas, tortura, persecución política y más, por lo que emitió esta medida internacional al decretar que con ello se da un paso hacia la justicia, ante el cúmulo de víctimas en la región.
Incluso, tras meses de evaluar la evidencia relacionada con el estallido social en Managua, que derivó en las peores protestas en la gestión del líder sandinista en 2018, admitió “no perdemos la capacidad de asombro y horror” ante la dictadura, considerada una de las más sangrientas en el continente, por lo que resalta la citación contra éstos y varios aliados para rendir declaración sobre los cargos imputados.
Y es que, aunque son hechos de hace más de cinco años, en la nación persiste la contención a todo tipo de disidencia, sector al que también ha encerrado o desterrado a Estados Unidos o Guatemala, tras arrebatarles su ciudadanía, hecho por el que el promotor de la denuncia celebró en redes sociales la orden.
Expresó que de la mano de ésta llega “un poco de luz entre tanta oscuridad”, a lo que se suma la crítica del gobierno chileno, pues el mandatario Gabriel Boric enfatizó que con esta dura represión Daniel Ortega consiguió ser “más Somoza que otra cosa”, en referencia al dictador derrocado en los años 70.