El servicio de seguridad del presidente Yoon Suk-yeol, está intentando bloquear otro intento de detención.
A las 4:20 de la madrugada de este miércoles, hora local (20:20 GMT del martes), investigadores de la Oficina para los Casos de Corrupción de Altos Funcionarios (CIO) acudieron a la residencia presidencial para ejecutar la nueva orden de detención contra el presidente Yoon Suk-yeol, luego del intento fallido de arrestarlo el pasado 3 de enero.
Según reportes de medios locales, pese al despliegue de unos 3 mil policías en la zona para apoyar la ejecución de la orden, el servicio de seguridad presidencial (PSS) bloqueó el acceso al recinto y, por el momento, ha impedido la detención de Yoon. Esto ha generado escenas de tensión entre las fuerzas involucradas.
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¿Qué pasó en Corea del Sur?
El presidente Yoon se vio obligado a retractarse horas después de declarar la ley marcial el 3 de diciembre, tras las masivas protestas de ciudadanos y legisladores cerca de la Asamblea Nacional.
Yoon pidió disculpas y prometió no repetir tales acciones, que habían sumido al país en el caos político.
El 7 de diciembre, legisladores de la oposición intentaron destituir a Yoon por medio de un juicio político, pero no consiguieron los votos suficientes. Posteriormente, el 14 de diciembre, fue suspendido de sus funciones tras una nueva votación parlamentaria, aunque su remoción definitiva depende del fallo de la Corte Constitucional. Además, el 31 de diciembre, un tribunal emitió una orden de arresto contra él.
¿Qué es la ley marcial?
La ley marcial impone restricciones severas a derechos fundamentales, como la libre expresión, la reunión y el derecho a la protesta. También establece horarios estrictos para que los ciudadanos salgan y permanezcan en sus hogares, y suspende ciertos derechos civiles, como los toques de queda.
Bajo la ley marcial, se impone una restricción sobre los medios de comunicación, regulando o censurando la prensa para evitar la propagación de información que pueda generar caos. Además, las fuerzas armadas asumen temporalmente el control de la seguridad pública, reemplazando a las autoridades civiles.
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