El Senado se encamina hacia la votación final de una ley que otorgaría a los estados el poder de impugnar las políticas federales de inmigración y exigiría a las autoridades federales que detengan a los migrantes acusados de robo y delitos violentos, estableciendo un nuevo tono en la política de inmigración mientras Donald Trump asume la presidencia.
Los republicanos del Senado, que recientemente lograron la mayoría, han hecho de la llamada Ley Laken Riley —nombrada así por una estudiante de Georgia que fue asesinada el año pasado por un hombre venezolano— una de sus principales prioridades, lo que podría convertiría en el primer proyecto de ley que Trump firme como presidente.
El viernes, el proyecto de ley superó un obstáculo procedimental clave con una votación de 61 a 35, en la que 10 demócratas votaron junto a los republicanos para hacerla avanzar hacia una votación final. El Senado deberá votar sobre la aprobación final el lunes, después de la ceremonia de investidura de Trump, pero la Cámara de Representantes también tendrá que considerar los cambios realizados a dicho proyecto.
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El proyecto de ley establece que exigirá “al Secretario de Seguridad Nacional que tome bajo custodia a los extranjeros que hayan sido acusados en Estados Unidos de robo y por otros motivos”.
Las disposiciones principales obligarían a las autoridades a arrestar a inmigrantes que sean sospechosos de robo de 100 dólares o más. Además, contempla crímenes como allanamiento, hurto en tiendas y exige que sean detenidos hasta que sean expulsados de Estados Unidos.
También permitiría a los estados demandar al Gobierno federal si pueden demostrar daños causados por migrantes que ingresen al país ilegalmente.
De esta forma, un inmigrante que por descuido olvidó pagar un producto de su compra en el supermercado o una mujer en un litigio de divorcio que entró sin avisar a la casa en la que vivía con su expareja a buscar sus pertencias, podrían ser acusados de robo o de hurto, quedar sin acceso a la defensa y ser colocados en detención bajo la nueva ley.
Para distintas organizaciones de derechos humanos es una ley innecesaria, que expande la detención obligatoria existente sin permitir a los inmigrantes defenderse de una acusación criminal, violando el debido proceso.
“Es una expansión masiva de la autoridad para detener personas. Hasta el momento, se requiere una acusación criminal. Con la ley Laken Riley se le niega el debido proceso y bajo la mera acusación, personas pueden quedar detenidas mandatoriamente”, dijo Anthony Enriquez, vicepresidente del Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy
Por su parte, la organización Hispanic Federation instó a los senadores a oponerse a la legislación al considerar que amenaza con pisotear el derecho al debido proceso.
