La primea legislación en el segundo mandato presidencial de Donald Trump ha sido aprobada este miércoles en el Congreso de Estados Unidos, con mayoría republicana. Se trata de la Ley Laken Riley, que permitirá detener y deportar a inmigrantes acusados de ciertos delitos sin una condena previa.
La ley fue aprobada en la Cámara de Representantes con el respaldo de 46 demócratas, que se sumaron a la medida de los republicanos para aprobarla con una votación de 263 a 156, un día después de que avanzara en Senado de Estados Unidos, también con el aval de 12 demócratas.
Ahora, el proyecto se dirige hacia el Despacho Oval a la espera de la firma del presidente Donald Trump, lo que consolidaría una de las primeras victorias legislativas importantes de su segundo mandato.
Trump y Congreso aprietan con cierre de frontera y nueva ley antimigrante
¿En qué consiste la Ley Laken Riley?
La ley lleva el nombre de Laken Riley, una estudiante de enfermería en la Universidad de Georgia asesinada en 2024 por un hombre venezolano con estatus migratorio irregular y que tenía un historial de robo.
Según el portal del Congreso de Estados Unidos, la Ley Laken Riley fue presentada por la senadora republicana Katie Boyd Brit, y establece que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) podrá detener y deportar a inmigrantes sin necesidad de una condena si son acusados, imputados o que admitan haber cometido delitos como allanamiento de morada, robo, agresión a un agente policial o cualquier acto que resulte en muerte o lesiones corporales.
Además, fiscales generales de los estados podrán demandar al gobierno federal si consideran que las políticas federales en materia migratoria han provocado daños a sus residentes.
Trump endurece medidas antiinmigrantes con restauración de pena de muerte
Por otra parte, entre las primeras órdenes ejecutivas firmadas el pasado 20 de enero por Donald Trump se encuentra la restauración de la pena de muerte, una controvertida medida que el republicano impulsó durante su campaña presidencial.
Según el decreto, la pena de muerte aplicaría en caso del asesinato de un oficial de la ley a manos de un migrante ilegal, o cuando estos cometan un delito capital.
También señala que el o la Fiscal General —en este caso Pam Bondi, si es ratificada por el Congreso— “tomará todas las medidas necesarias y legales para garantizar que cada estado que permita la pena capital tenga un suministro suficiente de drogas necesarias para llevar a cabo la inyección letal“.
cehr
