El gobierno de Donald Trump avanza firme para dar forma a su política migratoria y adelantó que actuará penalmente contra aquellos funcionarios que obstaculicen sus nuevas acciones dirigidas a frenar a los llamados invasores y deportar a miles o millonarios de presuntos indocumentados.
A través del Departamento de Justicia ordenó a fiscales, los mismos que demandaron su intento de eliminar la ciudadanía por nacimiento, investigar a quienes no acaten las medidas previstas para revertir la política de fronteras abiertas de su antecesor Joe Biden al dejar en claro que no permitirá ningún tipo de “mala conducta” por parte de quienes deben ser clave para poner en marcha la estrategia contra la migración ilegal.
En un memorando del que dio cuenta inicialmente Reuters el fiscal adjunto Emile Bove, el mismo abogado que defendió al magnate en el caso de soborno a la actriz Stormy Daniels, asestó que todo el personal del Departamento de Justicia o Fiscalía general está obligado a cumplir con los nuevos mandatos a días de la declaración oficial de emergencia nacional, lo que anticipa choques con estados y funcionarios para concretar la prometida operación por la mayor deportación en la historia de la potencia.
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El defensor puntualizó que “la ley federal prohíbe a los actores estatales y locales resistirse, obstruir o incumplir de otro modo las órdenes y solicitudes legales relacionadas con la inmigración” y recalcó que fue el pueblo estadounidense el que respaldó sus acciones al votar para que asumiera un nuevo mandato, lo que anticipaba acciones que ya implementó en su primera gestión (2017-2021), pero sobre todo un endurecimiento ante los récords de cruces ilegales registrados en los últimos años bajo un gobierno demócrata.
Dicha postura anticipa sanciones penales contra quienes no se alinean a la estrategia del magnate conservador. Y en apenas sus primeros días en el poder busca poner el ejemplo con despedidos, pues se notificó que removió a más de un centenar de integrantes del Consejo de Seguridad Nacional por no respaldar las medidas antinmigrantes, de acuerdo con la agencia Associated Press, tema en el que el asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, buscaría retornar a varios empleados a sus anteriores agencias.
Y es que Donald Trump y sus afines avanzan por la ruta para cumplir las promesas de campaña y defender las órdenes ejecutivas, mismas entre las que destaca el envío de tropas a la frontera, pues según Reuters en los próximos días habría mil 500 fuerzas adicionales, así como el plan de imponer la pena de muerte contra los ciudadanos irregulares que cometieron crímenes como asesinatos o mutilaciones, lo que recuerda el caso de Laken Riley, joven que fue asesinado por un indocumentado de origen venezolano.
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LMCT
