En una votación de 263 contra 156, la Cámara de Representantes de Estados Unidos avaló el polémico proyecto de ley Laken Riley para dar al presidente Donald Trump su primera legislación en temas prioritarios: la migración.
Pese a una resistencia inicial a los planes del magnate republicano, más de 40 demócratas dieron el “sí” ayer junto a la bancada republicana para acelerar la medida en la primera semana del Gobierno del magnate para endurecer el plan, criminalizar a la comunidad irregular y permitir que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y otras áreas arresten a indocumentados sin estatus legal implicados en delitos como robo, agresión y asesinato, incluso sin comprobar cargos.
Destaca que ésta equipara a un migrante irregular que robó productos con un valor menor a 100 dólares con quien agredió a un oficial o hasta mató a un ciudadano estadounidense a días de que el Senado sacara adelante dicha apuesta para poner en marcha otra acción que refuerza la contención migratoria, la cual se comenzó a redactar desde el año pasado en clara crítica al gobierno de Joe Biden por su política de fronteras abiertas al liberar a miles de “invasores” en su territorio, entre ellos José Antonio Ibarra, el venezolano que asesinó a la estudiante de enfermería de 22 años.
Según las investigaciones, el agresor irrumpió ilegalmente en el país desde 2022, pero fue liberado incluso tras cometer un robo menor, lo que éste aprovechó para cometer otro crimen al perseguir y matar en una zona boscosa de la Universidad de Georgia a Laken Riley, cuyo caso usaron repetidamente Donald Trump y aliados en campaña al advertir que si éste hubiera sido deportado la joven seguiría con vida.
Ahora será la primera legislación que promulgue el nuevo mandatario en su primera semana en la Casa Blanca con lo que arreciarán las capturas de “delincuentes” considerados peligrosos.
No obstante, congresistas critican que esta ley sólo da más poder a Trump, en su primera victoria legislativa, y a ICE, lo que abre la puerta a demandas de grupos defensores de la comunidad latina ante posibles errores, pues podrían terminar en otro país porque alguien los acusó sin sustento. Y surgen dudas sobre su implementación, por la falta de fondos.
Para ponerlo en operación se calcula que se requieren hasta 26 mil millones de dólares tan sólo en el primer año, de acuerdo con el Departamento de Seguridad, pero el costo podría ser mucho mayor al requerirse no sólo más agentes de ICE, sino más camas para retenerlos antes de ser retornados, más jueces y fiscales migratorios, por lo que probablemente se requieran ajustes para asignar los recursos necesarios.
Además, crece la incertidumbre sobre su aplicación ante el temor de criminalizar a esa comunidad, escenario en el que podrían verse afectados beneficiarios de programas como el de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), poniéndola por encima de protecciones otorgadas en otras administraciones.
No obstante, varios legisladores la defendieron para actuar contra personas de riesgo antes de que escalen en sus crímenes. Y a la espera de la promulgación, medios prevén que ésta ocurra el fin de semana para sumarse al cúmulo de órdenes ejecutivas, aunque la Casa Blanca no ha programado, hasta el momento, ninguna ceremonia oficial.